La crisis generada por la covid-19 comienza a mostrar efectos sobre la economía del país. La tiene semiparalizada con implicaciones adversas en el empleo y la pobreza. Miles necesitan la ayuda solidaria del prójimo y las instituciones. El sector financiero está llamado a desempeñar un papel clave en el alivio de los problemas enfrentados en su ámbito de acción por personas y empresas. Debe actuar con celeridad y cuidado para evitar daños al mismo sistema bancario.
Bancos y financieras tienen la tarea de proveer liquidez hoy, cuando es tan necesaria, y la colaboración del Banco Central, como prestamista de última instancia, es decisiva. Como informamos recientemente, en el artículo “Banca alista ajustes para deudores más afectados” (13/4/2020), los bancos públicos y privados están inmersos en hallar soluciones a las dificultades de sus clientes afectados por disminuciones sensibles en las ventas. La falta de ingresos les impide cubrir todos los costos de sus actividades comerciales, como sucede a los proveedores de empresas turísticas y de entretenimiento, o los dedicados a alquilar inmuebles. Los bancos ayudan también a aliviar las obligaciones de personas cuyas jornadas de trabajo fueron reducidas y a los desempleados a consecuencia de la pandemia.
En el menú de soluciones, figura la posposición de pagos mientras dure la crisis, confiando en que, cuando pase y la economía vuelva a crecer, los deudores harán frente a sus préstamos en la forma originalmente pactada. La medida no parece la mejor porque la interrupción y acumulación de cuotas no es un verdadero incentivo para la mayoría de quienes tienen préstamos y resultaron afectados por la emergencia sanitaria. La opción preferible, también objeto de estudio, es trasladar al final del plazo de los préstamos las cuotas impagadas.
Una y otra medida repercuten en la liquidez de las entidades financieras, y soluciones de esa naturaleza atentan contra los intereses de otro grupo importantísimo: los clientes del pasivo bancario, es decir, los depositantes, los inversionistas y otros acreedores, que son muchos. Para no lesionar sus rendimientos, el Banco Central puede inyectar liquidez, con medida y prudencia, a los miembros del sistema financiero que lo precisen.
Tampoco parece sensato que la posposición de pagos al final del tiempo convenido se lleve a cabo de manera automática, pues, afortunadamente, hay deudores cuyas actividades no han sufrido menoscabo. Farmacias y supermercados, entre otros negocios, se mantienen e incluso han aumentado las ventas. En consecuencia, no existe motivo para abandonar sus obligaciones crediticias. Por el contrario, si cumplen en la forma pactada, ayudarán a enfrentar de mejor manera las reestructuraciones de los clientes perjudicados.
A la banca le es posible incentivar el pago de sus buenos clientes ofreciéndoles rebajas temporales de las tasas de interés si se mantienen al día. En el caso de los tarjetahabientes, existiendo tasas de interés elevadas que no discriminan entre clientes, el estímulo consistiría en rebajarlas significativamente a quienes durante la emergencia sanitaria continúen atendiendo el pago de sus deudas.
Mientras dure la pandemia de la covid-19 y la economía del país no se recupere, los bancos y las financieras experimentarán una baja en el retorno de sus inversiones. Medidas como las planteadas constituirían un módico precio para salvar la solidez. Serían una muestra de solidaridad para con sus clientes, y concuerdan con el interés de los propios bancos y financieras, cuya suerte está íntimamente ligada a la de los primeros.