Editorial: Los retos del nuevo gobierno hondureño

Entre los grandes desafíos pendientes están la pobreza, el desempleo, la exclusión, el deterioro ambiental, el crimen organizado, la inseguridad, la violencia, la impunidad, los bajos índices en salud y educación, el clientelismo, la crisis fiscal, la crispación social y las secuelas de agudos desastres naturales, en particular los recientes huracanes Eta e Iota. Esta acumulación de males, a su vez, ha generado las recurrentes oleadas migratorias hacia Estados Unidos.

Para comenzar a lidiar con ellos, el primer gran reto político-institucional que deberá superar la presidenta es unificar el liderazgo del Congreso. Actualmente, y luego de disputas internas en el propio seno de su coalición, existen dos directorios rivales. Uno lo encabeza Jorge Cálix, de Libre, partido de Castro, quien, junto con otros 19 diputados afines, se alió con el Partido Nacional, derrotado en las urnas, para presidir la legislatura. El otro lo dirige Luis Redondo, del partido Salvador de Honduras, que acudió en coalición con Libre a las elecciones y, a cambio, obtuvo el compromiso de que uno de sus diputados presidiera el Congreso.

Ante la división del órgano legislativo, la juramentación presidencial, en un Estadio Nacional lleno a reventar, no fue tomada ni por Cálix ni por Redondo, sino por una jueza, como manda la Constitución en caso de que el presidente legislativo no lo haga. Mientras no se defina claramente la composición del Directorio, el Congreso carece de legitimidad y, por tanto, ninguno de sus bandos puede legislar con certeza jurídica. Es probable que esta bifurcación se resuelva pronto; de hecho, Cálix ha estado en conversaciones con la presidenta. Pero, aunque así sea, las posibilidades de nuevas trifulcas internas en Libre o maniobras de la oposición, que domina la Corte Suprema de Justicia, no pueden descartarse en el futuro.

La magnitud de los retos por delante para Castro, quien ha evolucionado desde posiciones de izquierda relativamente duras hacia posturas más moderadas y realistas, la planteó en su discurso de toma de posesión. Calificó al Estado como “en bancarrota”, debido a su insolvencia financiera; resaltó que durante “más de una década”, luego de que su esposo, Manuel Zelaya, fuera destituido de la presidencia, han “tenido gobiernos que profundizaron los serios problemas estructurales que Honduras ya tenía: de pobreza, de exclusión social, de empleo”; destacó la impunidad y falta de transparencia; y denunció la penetración del crimen organizado en múltiples estructuras gubernamentales.

Todo eso es cierto; también, inaceptable, y explica su arrollador triunfo en las elecciones de noviembre. El pueblo hondureño, no lo dudemos, quiere y necesita cambio. Pero, precisamente por la magnitud de los desafíos, su gobierno deberá actuar con rigor, buscar un fortalecimiento de las instituciones, abrirse a la colaboración de distintos sectores y evitar posturas o políticas populistas que, lejos de mejorar, puedan agravar la situación. Por ejemplo, anunciar, como hizo en su discurso inaugural, que dará electricidad gratuita a cientos de miles de familias pobres y que bajará el precio de los combustibles, sin dejar claro cómo financiará las medidas, es una señal inquietante, porque tales iniciativas no parecen responder a un plan estructurado, sino a ocurrencias desarticuladas e, incluso, contradictorias entre sí.

La esperanza es que, por un lado, Castro y su equipo estén a la altura de las expectativas y necesidades de la población y, por otro, se resuelva el grave impasse legislativo. Solo así podrá abrirse la vía de las reformas necesarias para mejorar el desempeño estatal y avanzar, dentro del marco de la democracia, por el largo y tortuoso camino de los cambios estructurales —en lo económico, social e institucional— que tanto necesita Honduras.