EscucharIrene Cañas, presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), se plantea el objetivo de reinventar el negocio de la electricidad. Procurará nuevos negocios, compatibles con el giro normal de la institución, sin comprometerla en la construcción de obra pública, como pretendía la anterior administración.
La funcionaria fue viceministra de Ambiente y Energía en la administración Solís y conoce bien los planteamientos del gobierno recién terminado. También sabe de las dificultades para concretarlos y de las maniobras practicadas en el último cuatrienio para hacer a un lado los obstáculos legales.
La Procuraduría General de la República se pronunció contra la incursión del ICE en la construcción de obra pública porque esa actividad rebasa las tareas asignadas a la institución por ley. Para cambiar ese estado de cosas, la Asamblea Legislativa debería reformar la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones (n.° 8660) y el decreto de ley que dio origen a la empresa estatal.
Esas reformas, en este momento, son una posibilidad remota. El PAC cuenta con diez de 57 legisladores y, con la salvedad del Frente Amplio, que tiene un solo diputado, no está claro de dónde saldrían los aliados. Por el contrario, parece haber una clara mayoría legislativa contra la transformación del ICE en empresa desarrolladora de obra pública. Por eso, el abandono de las pretensiones de la anterior administración es un ejercicio de realismo. Ojalá lo sea también de convicción y la “reinvención” del negocio eléctrico se haga en el marco de la ley, sin renunciar a la modernización del sector.
Desafortunadamente, en la administración pasada, el ICE intentó evadir las prohibiciones. Meses después del pronunciamiento de la Procuraduría, la Contraloría General de la República comentó, en el mismo sentido, una negociación entre la institución y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes: “Ambos sujetos de contratación deben contratar en el marco de sus respectivas competencias, motivo por el cual no es admisible que una entidad pública, sujeta al principio de legalidad, aparezca obligándose a prestaciones que escapan de su ámbito competencial”.
Sin embargo, la administración Solís insistió en encontrar vías para lograr su cometido. Como el pronunciamiento de la Procuraduría solo vincula a la administración consultante, el MOPT se abstuvo de preguntar sobre la legalidad de contratar al ICE como supervisor de obras en la carretera a San Carlos.
Además, el MOPT enfatizó que la contratación del ICE se hizo en calidad de supervisor, no de constructor. El alegato ignora que la Procuraduría no se pronunció sobre tareas específicas de construcción o supervisión, sino sobre la obligación del ICE de ceñirse a las competencias fijadas por ley.
La licitación publicada por el Consejo Nacional de Vialidad para sustituir al supervisor de la autopista a San Carlos incluía un requisito de experiencia en materia de puentes y carreteras. Esa disposición habría descalificado al ICE, pero desapareció cuando surgió la posibilidad de contratarlo.
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Las declaraciones de la nueva presidenta Ejecutiva alejan la posibilidad de que la nueva administración siga maniobrando, como lo hizo su antecesora, para rodear la ley y asumir riesgos de creciente importancia. Ojalá la reinvención del negocio se oriente siempre en esa dirección.
No huelga señalar que el ICE ya construye obra pública, solo que es la propia de sus funciones y, aun así, existen motivos para dudar de la eficiencia de la gestión. Los exorbitantes costos de Balsa Inferior, los constantes traspiés de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y los problemas de la represa del Reventazón, desde la ausencia de seguros durante la construcción hasta los problemas geológicos conocidos después de la inauguración son parte de los factores que justifican las dudas.
