17 marzo

La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) no está a la altura de su nombre. Cerró con pérdidas en cinco de los seis años entre el 2013 y el 2018. En el 2014 no tuvo pérdidas, pero tampoco ganancias. Para este año la previsión es peor. Según la secretaria general de la institución, Joyce Gayle, a partir de abril no tendrían "capacidad financiera para garantizar la continuidad de los servicios públicos portuarios, la gestión del desarrollo, el pago de salarios, cargas sociales y demás obligaciones”. En otras palabras: el próximo mes Japdeva podría entrar en “quiebre técnico” (“Japdeva arrastra pérdidas y prevé ‘quiebre técnico’, La Nación, 11/3/2019).

Los voceros de la entidad, cuyo objetivo es coadyuvar al desarrollo económico y, por esa vía, también social de los habitantes de la vertiente atlántica de Costa Rica, tan necesitados de progreso, atribuyen los problemas a la entrada en operación, en febrero, de la terminal de contenedores de Moín, gran factor de competencia, nuevo pero previsible. El problema de Japdeva se deriva “de la contratación con APM (Terminals)” y “esas consecuencias eran bien sabidas por los entes involucrados" no surge hoy, manifestó Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes.

Los resultados deficitarios de Japdeva vienen, cuando menos, desde el 2013, lo cual sugiere un problema de gerencia, de imprevisión y mal manejo empresarial, que debe corregirse. En efecto, desde el 2011 se sabía que el megapuerto de Moín atraería parte del negocio de Japdeva, por lo cual la institución debía diversificar su negocio, por ejemplo, creando una terminal de cruceros, pero eso no ha ocurrido.

La reducción esperada en el nivel de actividad implica la redundancia de una parte de la planilla, y si actualmente pierde, en el futuro los resultados financieros negativos serán más elevados. No tiene sentido económico ni social mantener a la entidad operando a medio vapor. Tampoco es deseable ubicar indiscriminadamente a los empleados sobrantes en otras entidades públicas, pues eso sería ocultar el problema, no resolverlo.

El país no puede oponerse al progreso. Los cargos de ascensorista y telefonista, así como muchos de contadores y dibujantes de ingeniería, entre otros, fueron sustituidos por las computadoras. El uso creciente de contenedores y grúas en los puertos, como los instalados por APM Terminals en una isla artificial en Moín, reducen la cantidad de estibadores necesarios para las labores de carga, descarga y almacenamiento de mercaderías.

El caso de Japdeva no es único en el país. También enfrentaron situaciones adversas otras figuras creadas bajo el modelo de “Estado empresario”, como el Banco Anglo Costarricense, su similar Banco Crédito Agrícola de Cartago y muchas de las empresas del grupo Codesa. El Consejo Nacional de Producción, Radiográfica Costarricense y, recientemente, hasta el Instituto Costarricense de Electricidad dan señales de problemas. El Estado costarricense, cuyas finanzas son muy precarias, no tiene por función sostener empresas destructoras de riqueza.

En un entorno como el descrito, lo fundamental es asegurar que la fuerza de trabajo, tanto del sector público como del privado, esté capacitada para dedicarse a otras ocupaciones con razonable rapidez. Los gobernantes no deben considerar que el sector público tiene como función ser empleador de última instancia, pues eso significaría un costo innecesario para los contribuyentes. El modelo operativo de Japdeva debe replantearse cuanto antes a fin de que funcione sin pérdidas.