EscucharUn déficit del 7 % y una deuda del Gobierno Central que superaría el 60 % del producto interno bruto (PIB) en el 2020 constituyen un claro indicador de las tareas pendientes, principalmente en la contención y eficiencia del gasto. En ese contexto, Costa Rica enfrenta el reto de atender un profundo rezago en infraestructura, para lo cual necesita cuantiosos recursos.
Tan solo en el sector del transporte, la experiencia internacional apunta a la necesidad de duplicar la inversión para alcanzar un 2 % del PIB al año ($1.200 millones). Sin embargo, las limitaciones fiscales obligan a hacer una rigurosa planificación y fijación de prioridades con el objeto de no convertir el desarrollo de obras en una amenaza para la sostenibilidad fiscal a fuerza de sobrecostos, atraso e improvisación.
Más allá de construir a ciegas bajo la cuestionable premisa de que toda obra pública se traduce automáticamente en desarrollo económico y social, debemos evaluar cuidadosamente la asignación y utilización de los recursos para desarrollar proyectos estratégicos.
En el caso de la carretera San José–San Ramón, el gobierno anunció el avance de obras impostergables (OBIS) por más de $100 millones financiadas con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La inversión tiene el objetivo de reducir la congestión a corto plazo y, a la vez, abaratar la tarifa que pagarán los usuarios cuando se desarrolle el proyecto completo, de una inversión estimada en $650 millones. Pero a casi siete años de suspendida la concesión original, todavía no hay claridad sobre la aplicación o el abandono de la figura de concesión de obra pública, con lo cual corremos el riesgo de seguir dependiendo de aportes públicos para una carretera autosostenible por su nivel de tránsito.
Al mismo tiempo, se analiza una inversión de $300 millones para finalizar la carretera a San Carlos y $100 millones para atender obras adicionales en la ruta Río Frío-Limón, ambas financiadas con deuda. Asimismo, la administración negocia la ampliación de la concesión San José-Caldera, para la cual podrían ser necesarios los aportes estatales a fin de no encarecer excesivamente los peajes.
Esas cifras ni siquiera consideran los grandes requerimientos de recursos en otros sectores, como la infraestructura educativa, el agua potable, el saneamiento y el transporte público, donde existen iniciativas como el tren rápido de pasajeros, que se encuentra en la fase final de estudios de factibilidad. La inversión en el tren se calcula en unos $1.400 millones, parte de los cuales sería un subsidio estatal, típico de este tipo de ferrocarriles, aportado mediante un empréstito de $550 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Si bien todos somos conscientes de la urgencia de modernizar la red de infraestructura, es necesario analizar de manera integral la capacidad financiera del país, así como los mejores esquemas para optimizar el uso de los pocos recursos disponibles. Es perfectamente posible calcular el beneficio de una obra frente a otras para establecer prioridades según el retorno de cada cual.
El país debe emitir señales de compromiso con el crecimiento económico de la mano de una clara responsabilidad con la salud de las finanzas públicas. Para alcanzar ese objetivo, las claves son la planificación adecuada, la colaboración con el sector privado y el uso de herramientas novedosas, como la optimización de activos incorporada a la reciente reforma a la ley de concesiones. Costa Rica está urgida de mejorar su competitividad, pero también de consolidar un equilibrio fiscal que garantice la estabilidad.
