EscucharSolo el Ministerio de Educación Pública, con 90.000 funcionarios, supera en número de empleados a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con 63.885. El año pasado las remuneraciones en la Caja ascendieron a ¢1.424.450 millones y hasta el último céntimo se manejó con un sistema informático utilizado desde hace 40 años, cuyo lenguaje de programación es obsoleto hasta el punto de ser comprensible únicamente para cuatro funcionarios cuya jubilación no tardará.
El costo de mantener el viejo sistema es alto. La gestión exige emplear más personal para ejecutar procesos manuales de confección, revisión, digitación y envío de la planilla. Los señalamientos los hizo un estudio de la Auditoría Interna de la institución cuyo objetivo no era precisar si la obsolescencia del sistema causa pagos en exceso.
La Dirección de Administración y Gestión de Personal de la Caja dice contar con controles para corregir inexactitudes en el pago, pero, según los auditores, la institución puede tardar entre uno y siete meses para pagar a los funcionarios recién nombrados. La auditoría revisó 918 nuevos nombramientos y en el 48,7% de los casos el primer pago se hizo entre dos y tres meses después del comienzo de labores. En el 28,7% de los casos, el retraso fue de entre uno y dos meses, y solo el 4% recibió el salario el primer mes.
En una institución tan relevante como la Caja, por su tamaño y funciones, la obsolescencia es inconcebible. Hay planes para emplear una nueva plataforma de pagos, en cuya primera fase la institución invertirá $5,7 millones, pero el proceso sufre retraso aunque la necesidad es conocida desde hace años.
Las limitaciones del programa hasta sirvieron de argumento para incumplir la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Ajustar el pago de anualidades para pasar de un porcentaje a un monto nominal era imposible a corto plazo, dijo en el 2019 el expresidente ejecutivo Román Macaya. El ajuste de las anualidades permitiría recuperar en poco tiempo la inversión necesaria para modernizar el sistema de la Caja, pero lo incomprensible es la incapacidad de la institución para aprovechar los ahorros de la reforma fiscal por una deficiencia tan básica.
La imprevisión y los traspiés en materia informática tienen una larga historia. En 1998, la entidad encargó un programa nuevo, pero nunca pudo utilizarlo. En el 2009, La Nación informó de la entrega tardía de un sistema obsoleto e incompleto por el cual se pagaron ¢1.000 millones. Desde entonces, poco se ha hecho.
La nueva plataforma, llamada Sistema Integrado de Gestión de las Personas (SIPE), comenzó a desarrollarse en el 2017. El estudio de la Auditoría critica el retraso del proyecto y lo estima en un año en relación con el cronograma. La Caja prevé completar la primera fase en la segunda mitad del 2023 y contrató cinco empleados más para cumplir esa meta, no obstante el ejército de informáticos existente.
El desarrollo informático en la Caja deja mucho que desear, si se toma como ejemplo el sistema para el manejo de planillas y otros asuntos de importancia, como el desarrollo del Expediente Digital Único en Salud, que la institución empezó con grandes promesas a finales del siglo pasado y todavía hoy no está completamente terminado. Habría sido mucho más fácil adquirir el sistema ofrecido en su momento por Corea del Sur o buscar alternativas, pero la Caja optó por el desarrollo en casa.
Ahora, el retraso de un año en la solución de un problema conocido desde 1998 se resuelve con la contratación de cinco empleados más, a ver si en un año se tiene la primera etapa lista. ¿No es hora de examinar la gestión de la informática en la institución?
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La CCSS utiliza un sistema de pago de salarios programado en un lenguaje obsoleto, al punto de ser comprensible únicamente para cuatro funcionarios cuya jubilación no tardará.
