Tres tiendas del aeropuerto internacional Juan Santamaría y otra en playas del Coco fueron allanadas por la Sección Especializada contra los Delitos Medioambientales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta Ambiental del Ministerio Público.
La casa de una mujer vinculada a la venta de llaveros, collares y dijes con insectos y mariposas incrustados también fue allanada en Santa Ana. La acción policial demuestra, por un lado, la creciente madurez de la lucha contra el tráfico internacional de la vida silvestre y, por otro, el largo camino por recorrer.
En el operativo, destaca la coordinación transnacional de las autoridades locales y panameñas. Cuando comenzaron los allanamientos en nuestro país, la Fiscalía Ambiental de Panamá realizó acciones similares en una vivienda y tres bodegas vinculadas con la sospechosa.
La investigación se inició en el 2020, a partir de una denuncia recibida por el Ministerio Público, y requirió la cooperación de policías y fiscales de los dos países.
El creciente número de denuncias de tráfico de especies, como en este caso, indica mayor conciencia del problema. No hace mucho, la comercialización internacional de orquídeas en miniatura, escarabajos, mariposas, arañas, alacranes y ranas, entre otras especies de flora y fauna silvestres, pudo pasar inadvertida. Las denuncias subieron de 89, en el 2019, a 946 en el 2020.
Pero las circunstancias también demuestran el desconocimiento de las prohibiciones contenidas en la ley. La Policía se incautó de unos 1.800 llaveros, collares y dijes con animales en el interior.
Se comercializaban abiertamente, en establecimientos de buena reputación, algunos ubicados nada menos que en uno de los aeropuertos internacionales, donde se esperaría un especial entrenamiento del personal sobre artículos sometidos al comercio ilícito. No había clandestinidad u ocultamiento, como lo demuestran las fotos del operativo policial.
Existen, pues, indicios de la falta de entendimiento del delito y confianza en la licitud de la comercialización de los artículos. Lo mismo se podría creer de los compradores. Cuesta pensar que los viajeros internacionales vieran la oferta con indiferencia si tuvieran conciencia de la ilegalidad, y es fácil comprender su inocencia si la venta se lleva a cabo abiertamente, en negocios lícitos.
Otro tanto podría indicar la importación de los objetos a nuestro país para la venta en lugares tan públicos. No se conocen detalles sobre la introducción de las mercancías ilícitas desde Panamá, pero evidentemente no fueron detectadas en nuestras fronteras ni en la terminal aérea.
El fiscal ambiental Luis Diego Hernández Araya señala esfuerzos dedicados desde el 2020 al mejoramiento del control y la detección del tráfico ilícito de especies de vida silvestre en los aeropuertos y mediante envíos postales.
También, ha mejorado el Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (Sitada), útil para identificar y rastrear los ejemplares más traficados. Además, las pericias del Laboratorio de Biología del OIJ redujeron significativamente el tiempo de respuesta.
La reciente creación de la Sección Especializada contra los Delitos Medioambientales, con agentes del OIJ dotados de conocimientos específicos sobre el tráfico de especies, alienta esperanzas entre los encargados de combatir el flagelo.
El uso de perros entrenados para detectar el contrabando en los aeropuertos también constituye un recurso importante. Sin embargo, como lo demuestra el caso comentado, la mejor línea de defensa de la flora y fauna es un público bien informado.