Editorial: ¿Hasta cuándo el CNP?

El Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) del Consejo Nacional de Producción (CNP) compró 112.000 quintales de frijoles en el 2020, pero, según el propio CNP, la cosecha fue de 72.000 quintales. La cuenta no cuadra, sobre todo si el Consejo dice ser el adquiriente de la mitad de la producción (36.000 quintales). Para llegar a los 112.000 del PAI faltan otros 76.000. La diferencia, dice un estudio de la Universidad Nacional, debe ser frijol importado de Nicaragua y Estados Unidos.

Eso sí, las instituciones públicas obligadas a comprar alimentos al CNP pagan ¢1.300 por la bolsa de 800 gramos cuando podrían adquirirla en ¢834 en el mercado local. Así se esfuman ¢464 del erario por cada bolsa de frijol. La diferencia de precio es tanta y el producto tan barato en el extranjero que el negocio resulta brillante.

Las distorsiones de los márgenes de ganancia ofrecidos por el CNP crean un sinfín de oportunidades. Los ¢1.950 cobrados por 15 huevos (menos de un kilo) justificarían, perfectamente, comprarlos en el supermercado a ¢700 el kilo para venderlos al CNP a 15 por ¢1.741. La diferencia hasta llegar a ¢1.950 se la deja el CNP por su magnífico servicio a la producción nacional y a la alimentación de los costarricenses, en especial los niños de los comedores escolares.

La Cámara Nacional de Avicultores (Canavi) denuncia un «sobreprecio elevadísimo», sin «ninguna relación lógica financiera» con los verdaderos costos de producción. En consonancia con las conclusiones del estudio de la UNA, dice sospechar de la participación de intermediarios. Ninguna hipótesis puede ser descartada mientras no exista trazabilidad de los productos para conocer su origen preciso.

LEA MÁS: CNP cobra hasta un 12% de comisión por intermediar en compras de alimentos para escuelas

Los académicos incorporan al estudio la recomendación de adoptar un sistema de trazabilidad. Eso reduciría las oportunidades de hacer trampa; sin embargo, no resolvería las graves deficiencias del CNP ni justificaría su burocracia. Tampoco reduciría los precios cobrados a escuelas, centros penitenciarios o las fuerzas policiales.

Los frijoles no cuestan ¢1.300 la bolsa de 800 gramos porque son importados. Si fuera por eso, serían mucho más baratos. El precio se justifica por los fines «altruistas» de la institución, comenzando por el supuesto favorecimiento de la producción nacional. El cuento lo seguirán contando años después de adoptado el sistema de trazabilidad.

La trazabilidad tampoco resolverá las deficiencias de calidad denunciadas por las instituciones sometidas al perverso sistema de proveeduría. Cocineras de los CEN-Cinái y de la Fuerza Pública han denunciado la entrega de alimentos podridos o contaminados, y el propio CNP se ha visto obligado a desechar productos de sus bodegas.

LEA MÁS: Editorial: Gallinas desenmascaran al CNP

Si la lucha contra la pobreza es un objetivo gubernamental, se impone comenzar por reconocer el impacto de instituciones como el CNP en los presupuestos de programas como los comedores escolares para estudiantes de bajos recursos. Durante la pandemia, a los niños se les entregaron paquetes de alimentos en el hogar, pero 27.254 solicitudes no fueron atendidas por falta de presupuesto.

Habría sido mucho mejor contar con el triple de huevos o el doble de frijoles que mantener un caro sistema de compras para solo 312 proveedores, de los cuales 26 gozaron del 45 % del presupuesto destinado en el 2020 a adquirir alimentos (el 8,3 % de los contratistas recibió ¢41.300 millones de los ¢91.948 millones gastados por el CNP a lo largo del año). ¿Hasta cuándo tolerará la sociedad costarricense el abuso de las finanzas públicas y la inversión social?