EscucharLa orden de detención girada contra la candidata presidencial opositora Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios y el periodista Pedro Joaquín Chamorro, mártir de la lucha contra el somocismo, marca la culminación del nuevo fraude electoral de Daniel Ortega, cometido con cinco meses de antelación.
La farsa electoral se viene gestando desde la promulgación de leyes encaminadas a limitar la libertad de expresión y coartar la cooperación extranjera con organizaciones de la sociedad civil, así como la anulación de las personerías jurídicas de partidos de oposición y el hostigamiento de sus dirigentes.
El temor de Ortega y su cómplice Rosario Murillo al caudal electoral de la oposición, especialmente si logra unirse en torno a la figura de Chamorro, se manifiesta en el particular encono de la persecución en su contra. El gobierno la acusa de irregularidades en el manejo de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dedicada a promover la libertad de expresión.
No soy candidata oficial y pretenden inhibirme. Qué miedo le tienen al cambio. Unida, Nicaragua volverá a ser república. #SIANICARAGUA #NICARAGUA
— Cristiana Chamorro (@chamorrocris) June 2, 2021
Los cargos de gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense no tienen credibilidad alguna dentro o fuera de Nicaragua. Como bien dijo el escritor Sergio Ramírez, citado para rendir testimonio, «está a la vista» el carácter político del caso.
La sola presentación de la denuncia y la acogida de los tribunales obsecuentes de la dictadura bastaron para dejar a la candidata fuera de la contienda porque la ley impide la postulación de personas con procesos penales abiertos. No contento con eso, el régimen dictó orden de captura y allanó la casa de Chamorro poco antes del inicio de una conferencia virtual convocada para denunciar la maniobra.
La Organización de Estados Americanos (OEA) protestó por la «inhabilitación política» de la aspirante presidencial, la describió como «un atentado contra la democracia» y advirtió sobre la inminencia de las «peores elecciones posibles». La voz del organismo continental es solo una en el coro de condenas internacionales.
A la retórica deben seguir las sanciones. Ortega y Murillo, autores de la represión de abril del 2018, con un saldo de 328 muertos y miles de exiliados, no pueden seguir aspirando a la impunidad. El cuarto mandato de Ortega sería una afrenta a las justos anhelos de libertad y progreso de los nicaragüenses, defendidos con incontables sacrificios.
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La maniobra contra Chamorro viene a la zaga de la decisión del espurio Tribunal Supremo Electoral de eliminar de la justa al Partido de Restauración Democrática (PRD, evangélico) y al Partido Conservador (PC), el más antiguo del país. Félix Maradiaga, también aspirante presidencial, pronostica la eliminación de más candidatos capaces de obstaculizar la reelección de Ortega, cuya postulación no se ha oficializado, pero es de las pocas certezas que tienen los nicaragüenses.
Costa Rica no debe guardar silencio ante los flagrantes atropellos a la democracia y los derechos humanos. En el 2018, la Asamblea Legislativa aprobó una moción de censura contra Ortega por la cruel represión de las manifestaciones ciudadanas. Es hora de renovar la censura y sumar la autorizada voz del Primer Poder de nuestra república democrática al clamor internacional.
