Editorial: Es hora de actuar

Es hora de actuar por vías más inmediatas. Habrá nuevos impuestos, de eso no nos libraremos, pero el rechazo al desequilibrio de la propuesta inicial obliga a reconsiderar el peso de cada componente —ingreso y gasto— para garantizar la eficacia de las soluciones planteadas. La sociedad no está en disposición de contribuir más para mantener los excesos e ineficiencias de la burocracia. Cuando clama por equilibrio, en realidad pide garantía del buen uso de sus sacrificios tributarios.

LEA MÁS: Editorial: La ley de empleo público debe ser eficaz

Hay muchos diálogos por concretar en la Asamblea Legislativa y otros foros, pero el camino de la gran conversación nacional no parece transitable a corto plazo, y ese es el plazo con que contamos. Un nuevo intento de diálogo tendrá apariencia de evasión y falta de ideas. Si los participantes se lo proponen, perdurará en el tiempo (que no tenemos), pero difícilmente producirá propuestas oportunas y eficaces.

Para eso está el ejercicio convocado por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Hizo bien el presidente de la República cuando solicitó a los organizadores enviarle los acuerdos, pero no puede sentarse a esperarlos. El justificado escepticismo del mandatario se trasluce en la simple invitación a remitir los resultados de un foro en el cual no hace el menor amago de participar, por suerte para el país porque sería señal inequívoca de su decisión de posponer acciones urgentes. Lo mismo habría que interpretar de un nuevo diálogo, con menos participantes y menos claridad metodológica.

Es hora de la negociación política directa con los diputados y los sectores afectados, sin abandonar de camino los atributos del liderazgo. Eso presupone la existencia de propuestas concretas, ajustadas a los reclamos ya expresados frente al planteamiento inicial. No es necesario ni realista resolverlo todo en un solo día.

LEA MÁS: Editorial: Confusa tregua

Hay iniciativas muy adelantadas, en espera de un pequeño empujón legislativo. A la ley de empleo público, el gobierno podría añadir su anuencia a eliminar las convenciones colectivas y a aceptar la aplicación de las nuevas disposiciones a los funcionarios actuales, como lo propone una moción de la liberacionista Silvia Hernández. La aprobación de la ley en esos términos es ejemplo de las garantías exigidas por los contribuyentes del buen uso de los tributos. No basta, pero ayuda a construir confianza.

Hay, también, medidas administrativas cuya puesta en práctica no exigen dialogar con nadie. El Ejecutivo debe ordenar de una vez por todas el cumplimiento, sin excepciones, del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). La Caja Costarricense de Seguro Social anunció intenciones de acelerar su incorporación después de evitarlo durante años. Es la más grande entre las instituciones renuentes y muchas ya están incorporadas. Falta el último empujón. La administración debe darlo y visibilizar el esfuerzo.

La tercera categoría de medidas al alcance del Ejecutivo son las iniciativas menos polémicas de su propuesta inicial, como el cierre y fusión de órganos desconcentrados y la reestructuración de sus unidades de apoyo.

LEA MÁS: Editorial: Vergüenza de Uccaep

En cada caso hemos señalado un ejemplo, pero hay muchas acciones posibles. En la categoría de proyectos con avance en el Congreso está el plan CERRAR, del exdiputado Ottón Solís; entre las medidas administrativas de resorte del gobierno están las reducciones presupuestarias y el riguroso cumplimiento de la regla fiscal. Las propuestas para la reactivación económica apenas encontrarán resistencia.

El gobierno debe poner manos a la obra sin más dilaciones. Habría sido mejor contar, en el plazo de un mes, con propuestas de consenso, pero no se dieron y es imposible el lujo de la inacción. Mientras lidera y ejecuta las medidas más próximas a la concreción, la Casa Presidencial debe abocarse a forjar acuerdos suficientes (con énfasis en “suficientes”) para aprobar las más difíciles.