Editorial: El rendimiento de las empresas públicas

El primer carril tiene que ver con la razón de ser de las empresas estatales: cuáles resultan realmente necesarias y si se justifica que el Estado sea propietario y gestione actividades productivas o de servicios, en lugar de que estas las realice el sector privado. El otro eje por considerar es cómo mejorar la eficiencia de las existentes, no importa cuál sea su destino final: dentro del ámbito público o fuera de él. Si se mantienen en él, debemos garantizarnos que sean realmente útiles y que, según el caso, generen suficiente rentabilidad financiera o social. Si decidimos venderlas, el valor crecerá en función de sus resultados.

En la primera dimensión del debate han prevalecido, hasta ahora, consideraciones ideológicas, centradas en la naturaleza del Estado y sus funciones, lo cual depende de una determinación acerca de qué sectores son verdaderamente estratégicos para ponerlos bajo su control y en qué circunstancias.

Nuestra posición al respecto, apoyada por la evidencia internacional y la experiencia nacional, es que el Estado solo por excepción debe ser propietario o administrador de empresas. Su rol esencial es otro. En materia económica, es generar legislación, normativa, estrategias, políticas públicas, seguridad jurídica y mecanismos de transparencia que fomenten una adecuada asignación de recursos productivos y la mejor distribución posible de sus resultados.

Quizá en alguna época de nuestra historia se justificó la participación estatal directa —en monopolio o no— en la producción de licores, los seguros, la banca, la generación eléctrica, el refinamiento de petróleo o las telecomunicaciones. Ya no, en la mayoría de los casos. A eso se añade una imperiosa necesidad fiscal, que podría atenderse parcialmente con la venta de algunas de esas instituciones.

El desafío sobre cómo mejorar la rentabilidad social y económica de las empresas que permanezcan en manos públicas son de índole más pragmática. Se refiere a su gobernanza y al papel del Estado como propietario. Esta condición le otorga una responsabilidad directa e insoslayable en definir sus objetivos, estrategias, estructuras, selección de altos cuadros, procedimientos de transparencia y control, establecimiento de metas y evaluación de resultados, entre otros. A esto se refiere, esencialmente, el informe de la OCDE. Su conclusión es que si, a partir de las recomendaciones incluidas en él, se eleva suficientemente la eficiencia y el control de las empresas estatales sería posible incrementar hasta un 1,1 % nuestro producto interno bruto.

Entre sus recomendaciones está mejorar la competencia de los mercados en que estas operan; establecer objetivos claros para cada una de ellas, alineados con estrategias corporativas; seleccionar con rigor y sentido profesional las juntas directivas; y poner en práctica mecanismos para el rendimiento de cuentas. Entre estos resultan fundamentales los criterios de rentabilidad que se aplicarán en cada una, sean primordialmente sociales o económicos. Es otras palabras, el Estado debe actuar como un accionista activo y responsable.

Ya se están dando pasos en este sentido. Por ejemplo, en la presidencia fue activada hace pocos meses una oficina encargada de avanzar hacia esos procesos de gobernanza; en principio, mediante la selección de juntas directivas, pero se están incorporando otras tareas.

Es una ruta en la que debemos y podemos avanzar con rapidez, mientras la discusión político-ideológica sobre la naturaleza del Estado se desarrolla en otros ámbitos. Porque contar con mejores, más eficientes, transparentes y rentables empresas públicas, al margen de qué decidamos hacer con ellas, significa generar valor social e incidir en mejores condiciones de vida para la población.