EscucharEl 14 de octubre del 2016 nuestro editorial se titulaba «Responsabilidades en la CNFL» y de inmediato declaraba: «La mala administración de las obras en Balsa Inferior y el Parque Eólico Valle Central es inadmisible y debe ser sancionada». En su discurso presidencial del 4 de mayo, el presidente, Carlos Alvarado, dijo exactamente lo mismo y añadió el temor respecto a las finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a raíz de esos proyectos fallidos.
La admisión oficial y sin tapujos de las inversiones ruinosas es un soplo de aire fresco en el prolongado debate de las deficiencias de las dos empresas estatales. El presidente centró sus críticas en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y un auditorio poco informado podría pensar en el ICE como víctima de los desarreglos de su subsidiaria. No es así e importa señalarlo porque la revisión del sector no puede agotarse en la CNFL.
El ICE ha hecho méritos para el escrutinio y entre ellos hay decisiones tan ruinosas como las de su subsidiaria. El proyecto hidroeléctrico Diquís, en buena hora frenado por esta administración, desperdició $146 millones, seis veces más que la diferencia entre los $21 millones presupuestados para el Parque Eólico Valle Central y los $54 millones finalmente gastados.
La planta hidroeléctrica Balsa Inferior iba a costar $75 millones, pero, al final, salió en $361 millones. La diferencia entre la estimación y el costo es el doble del desperdicio en Diquís, pero este último proyecto no es la única mala decisión del ICE. Sirva el ejemplo para señalar que las dificultades trascienden en mucho a la CNFL y los apuros financieros del ICE no solo se explican por las ruinosas inversiones de la subsidiaria.
Por otra parte, es preciso reconocer la contribución del ICE a los descalabros de la CNFL. Las graves y obvias deficiencias en los cálculos pasaron inadvertidas, incluida la falta de actualización de estimaciones hechas una década antes. El ICE, sin embargo, se cuidó de las previsibles consecuencias, según se desprende de un informe de la Intendencia de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
El estudio critica el desequilibrio del contrato firmado por la CNFL y el ICE, encargado de la construcción. La subsidiaria se comprometió a pagar intereses moratorios por eventuales atrasos de los pagos, pero el ICE no se obligó a cancelar multas por incumplimiento. La responsabilidad por imprevistos quedó a cuenta de la CNFL, no del contratista, es decir, del ICE. La auditoría de la CNFL advirtió, durante la construcción de Balsa Inferior, deficiencias tan variadas como atrasos en la ejecución de obras, compra de materiales innecesarios y pago de intereses moratorios.
En su tercer informe de labores rendido ante la Asamblea Legislativa, el propio mandatario señaló la pésima decisión del Grupo ICE de comprar Cable Visión pese a su deterioro financiero. La empresa estatal se vio forzada a inyectar ¢23.000 millones en el negocio poco después de adquirirlo por $12,3 millones. La lista de ejemplos es larga.
El exceso de énfasis en los descalabros de la CNFL podría distraer la atención de la realidad señalada hace poco por el Ministerio de Hacienda y muchas veces antes por este diario. La falta de transparencia del Grupo ICE representa un peligro para el fisco. La empresa estatal ha venido interpretando que la discreción concedida por razones de competencia se extiende a la totalidad de sus operaciones.
«Dada la protección de información de la que goza el ICE para el sector telecomunicaciones, no existe un claro conocimiento sobre la problemática o riesgos que enfrenta cada una de las empresas del Grupo ICE, lo cual a su vez implica un riesgo en sí mismo», afirmó Hacienda. Ese es el problema fundamental y no las malas decisiones de la CNFL, graves como sin duda son.
