EscucharEn marzo del 2021, en plena pandemia, cuando el desempleo y los salarios reducidos azotaban con fuerza los hogares dependientes del sector privado y la Caja Costarricense de Seguro Social clamaba, como siempre lo hace, más recursos, la Junta Directiva aprobó el financiamiento de dos sistemas de pensiones complementaria para sus 60.000 funcionarios.
El abuso se da en la institución donde la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y su racionalización de los pluses salariales ha encontrado obstáculos formidables para cobrar vigencia, donde los 20 años de cesantía siguieron en pie después del compromiso público de eliminarlos porque la Junta Directiva dejó, en silencio, de ratificar el acta donde figuraba el acuerdo.
Es la entidad donde el criterio de la Procuraduría sobre el indebido uso del subsidio de cesantía como elemento de cálculo de prestaciones, aguinaldo, salario escolar y otros beneficios dependientes del salario fue ignorado durante más de una década y donde se siguió pagando el 8,33% del salario por año laborado a la hora del despido, pensión o muerte de los empleados, aunque, a partir de la Ley de Protección al Trabajador, solo debía pagarse el 5,33%, porque el 3% restante se aporta, a lo largo de la relación de trabajo, al Fondo de Capitalización Laboral.
El nuevo y costoso privilegio, concedido en el momento de mayor necesidad para el común de los mortales, fue aprobado en una entidad capaz de tirar miles de millones por la ventana con tal de incrementar su burocracia y eliminar el ejemplo de eficiencia de los servicios tercerizados mediante universidades y cooperativas. Es una entidad donde el cálculo de costos de un centro de llamadas se basa en un salario mensual de $83 (¢51.750 en el momento de la estimación) cuando la verdadera remuneración es de ¢466.650 mensuales, pero así se aprueba el proyecto sin importar el ruinoso costo final.
Hay un largo etcétera, pero basta con decir que la reducción del tope de cesantía de 20 a 8 años ahorrará ¢888.872 millones en los próximos 12 años, y esa suma alcanza para construir cinco hospitales como el nuevo de Cartago. Eso en el futuro cercano, pero los abusos enumerados a lo largo de tantos años habrían bastado para construir más hospitales que los necesarios.
En esa institución, donde el dinero invertido por los costarricenses para cuidar la salud se gasta con tanta alegría, la Junta Directiva consideró la pandemia como momento propicio para añadir un nuevo privilegio costeado por todos los ciudadanos. Hasta marzo, la CCSS no aportaba el 1,5% de los salarios al Régimen Obligatorio de Pensiones creado por la Ley de Protección del Trabajador porque esa norma permitió conservar los fondos complementarios especiales en las instituciones donde existieran. Los funcionarios de la Caja votaron por mantener el Fondo de Retiro de Empleados (FRE), pero, en marzo, los directivos decidieron cotizar también para el ROP.
Según la Auditoría Interna de la Caja, si la institución solo hiciera aportes al ROP, como los demás patronos, ahorraría miles de millones al año. Solo entre marzo y agosto del 2021, las transferencias al FRE y al ROP representaron ¢20.679 millones. Si la Caja solo pagara el ROP, como el resto de los empleadores, la cifra hubiera sido ¢8.092 millones. El despilfarro es de unos ¢24.000 millones anuales, es decir, otro hospital de primera clase a la vuelta de siete años.
El proyecto de ley de la diputada liberacionista Yorleny León para liquidar el FRE y trasladar a los trabajadores activos al ROP, sin dejar de pagar sus pensiones a los 19.000 beneficiarios del sistema, debe ser tramitado sin demora por razones de equidad, economía y buen manejo de los recursos públicos. No obstante, el caso es una razón más para estudiar la situación de la Caja, su gobernanza y la incontrolada gestión de su Junta Directiva. Solo así podrá comenzar la verdadera defensa de la Caja, una institución fundamental de la sociedad costarricense.
