Editorial

Editorial: Dinero y campañas políticas

La nivelación de la justa electoral a rajatabla y ofrecer a todos los mismos medios podría resultar contraproducente y estimular la fragmentación

El paulatino debilitamiento de los partidos políticos irradia problemas en varias direcciones. La atomización de las fuerzas políticas abre espacios al oportunismo de demagogos y populistas mientras paraliza la toma de decisiones. La gobernabilidad sufre tanto como la confianza en las instituciones y su capacidad de dar respuesta a urgentes demandas de la ciudadanía. Pero existe un peligro quizá mayor, señalado por un reciente estudio del Programa Estado de la Nación y en otras oportunidades advertido por el Tribunal Supremo de Elecciones: la debilidad de los partidos es también financiera, y eso los pone en peligro de captura por grupos económicos poderosos o capitales ilícitos, como los provenientes del narcotráfico.

El mal está bien diagnosticado, pero los remedios son mucho más polémicos. Se plantea, por ejemplo, la necesidad de nivelar el terreno de la justa electoral y ofrecer a todos los mismos medios. En términos generales, el planteamiento implica la supresión forzosa de diferencias creadas por la sana práctica política. Si un partido consigue mayor respaldo, la ley electoral debe reconocérselo y no solo a la hora de designar a sus candidatos en los cargos públicos ganados en las urnas.

La nivelación de la justa a rajatabla, sin tomar en cuenta las diferencias creadas por la historia, el desempeño en el gobierno y en la campaña, podría resultar contraproducente y estimular la fragmentación. La inscripción y supervivencia de los partidos es cada vez más fácil. Lo hemos visto en el proceso electoral del momento. Candidatos sin partido buscan un cascarón para canalizar sus aspiraciones y los cascarones buscan un candidato.

Al final, muchos prueban suerte, esperanzados en que la fragmentación de las preferencias les ofrezca una oportunidad. En apoyo de ese tiro al aire, citan los últimos comicios presidenciales, cuando los finalistas no parecían tener la menor oportunidad a comienzos de enero del 2018. Los cascarones, por su parte, esperan de la suerte una tajada de deuda política.

Si además el país ofrece publicidad gratuita, adelanto del financiamiento sin distinciones y sin sujeción a resultados anteriores y otras facilidades, pronto tendremos 70 candidatos presidenciales, con los mismos recursos, en la mayoría de los casos, inmerecidos. La publicidad gratuita nunca será infinita y dividida entre tantos apenas hará diferencia. Solo servirá para crear confusión y la cacofonía ahuyentará al televidente o radioescucha de la franja horaria escogida. Todo eso sin considerar el aumento exponencial de medios desligados del espectro radioeléctrico propiedad del Estado, a los cuales no se les puede imponer contenidos. Al final, los partidos más organizados volverán a descollar y la tentativa de nivelación quedará en nada, salvo el gasto.

El problema de muchas de las iniciativas propuestas es la superficial bondad de su formulación. La idea de crear incentivos fiscales para estimular las contribuciones pequeñas parece sólida, pero podría ser contraproducente si intenta sustituir otros medios de financiamiento. Las contribuciones no se materializarán porque la identificación de los electores con los partidos es cada vez menor y, en cualquier caso, si las donaciones son pequeñas también lo será el incentivo. El intento de variar la fuente podría terminar agravando el desfinanciamiento y, por ende, el riesgo de captura de las agrupaciones.

Hay reformas urgentes y necesarias para nivelar el terreno, como la limitación de la reelección de alcaldes para evitar el voto clientelista. También es necesario fortalecer los requisitos para inscribir partidos políticos y sujetar la vigencia de la inscripción a la efectiva participación en los procesos electorales y un desempeño mínimo en los comicios, como existe en varios países.

En materia de donaciones, la reforma del Código Electoral en el 2009 aumentó las herramientas de fiscalización, pero todavía son insuficientes, sobre todo, en los procesos cantonales. Es preciso prohibir las donaciones en efectivo, como lo sugiere el Tribunal Supremo de Elecciones, y cerrar portillos que permanecen abiertos. Los bonos de la deuda política requieren de nueva consideración y podría convenir eliminarlos, pero el sistema de adelantos capaz de reemplazarlos no debe constituirse en estímulo para entrar en un nuevo negocio electoral.

En materia de donaciones, la transparencia ofrece la mejor oportunidad de evitar o minimizar la captura de las agrupaciones políticas. Ningún esfuerzo por aumentarla está de más, incluida la dotación de medios para construir un aparato eficaz en manos de la autoridad electoral. Ningún remedio debe dejar de estar sobre la mesa, pero todos deben ser considerados con cautela.