La apertura de las telecomunicaciones, no obstante sus frutos, ha sido un largo estira y encoge para vencer los obstáculos interpuestos a cada paso por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Superada la etapa temprana del combo, el lentísimo desarrollo de la banda ancha y la inútil lucha para preservar el monopolio de las llamadas internacionales cuando ya era obvia la imposibilidad de impedir el uso de voz sobre IP, el ICE cavó otras trincheras para entorpecer el desenvolvimiento de la competencia.
La entrega de frecuencias ociosas fue un largo debate, tanto como la portabilidad numérica. Ahora, con la tecnología 5G a las puertas, la institución reedita la resistencia de antaño y rehúsa devolver al Estado espectro radioeléctrico necesario para reasignar frecuencias.
Una vez más, los estrechos intereses de la entidad, otrora motor del progreso nacional, se anteponen a la rápida adopción de tecnología de punta: la quinta generación de redes móviles. La lucha está perdida y tarde o temprano el ICE deberá entregar el espectro, pero la demora podría permitirle consolidar su posición en el mercado de la nueva tecnología para restar ímpetu a la competencia, que llegaría tarde, no por descuido, sino por imposibilidad de participar desde el inicio en una arena nivelada.
El ancho de banda de la tecnología 5G se traduce en velocidades de hasta 10 gigabits por segundo (Gb/s) para trasiego de datos. Ningún país puede retrasar la adopción de esa tecnología sin arriesgarse a perder competitividad. Las redes 5G permitirán la conexión a Internet, en tiempo real, de infinidad de aparatos de uso doméstico, industrial, de ordenamiento urbano y vehículos.
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Su desarrollo eficaz exige competencia, como quedó demostrado con otros aspectos de la apertura de las telecomunicaciones. Y para construir un mercado competitivo, es preciso reasignar espectro radioeléctrico. Permitir a un operador congelar el uso del espectro manteniéndolo sin uso es un carísimo desperdicio.
Las autoridades lo saben. Por eso, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) pretende la devolución del espectro desde el 2019. La ministra Paola Vega Castillo dice percibir «una mejor disposición», pero reconoce los infructuosos intentos hechos hasta ahora para recuperar espectro. Otros actores, como la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic), no comparten la percepción y más bien expresan «…su profunda preocupación y decepción» por la ausencia de resultados tangibles en el proceso de devolución del espectro radioeléctrico.
El intento de lograr la devolución por mutuo acuerdo entre el Micitt y el ICE, dice la Cámara, debe dar paso a la aplicación de instrumentos más firmes, contemplados en la Ley General de Telecomunicaciones. La normativa dispone, entre las causales para la extinción de las concesiones, autorizaciones y permisos, el rescate por causa de interés público.
El interés público en la actualidad es impedir la pérdida de oportunidades. Según Maryleana Méndez, exsuperintendenta de telecomunicaciones y actual secretaria ejecutiva de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), el tiempo de espera implica desperdicio de posibilidades de progreso. Los países latinoamericanos, dice, tienen mucho espectro ocioso al cual podrían sacar provecho y Costa Rica es un ejemplo de ese fenómeno.
Si el gobierno y el Micitt comparten el sentido de urgencia, como se entiende por las insistentes gestiones, deben señalar un momento a partir del cual el ICE no deba contar con la condescendencia desplegada hasta ahora. Ese momento no debe quedar para las calendas si hay intención de proteger el interés público.