El nombramiento de Ottón Solís embajador ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) irrita a la Asamblea Legislativa, arriesga las frágiles alianzas requeridas para impulsar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) e implanta, en el seno del organismo al cual recién ingresamos, a un crítico de su «neoliberalismo» y otros supuestos defectos.
El presidente de la República debe explicar por qué vale la pena tanta turbulencia a cambio de hacerse representar, durante los últimos diez meses de la administración, por el fundador de su partido. ¿Cuáles son los beneficios de enviar a Solís a la capital de Francia durante un período tan corto y cómo se sobreponen a las desventajas?
El propio Solís debe explicar por qué sus diez meses en París valen el incendio desatado en San José por su nombramiento. El embajador designado pregona, una y otra vez, la virtud del desinterés en la función pública. «Servirle a Costa Rica es mi vocación. No es el dinero, es un desafío lindo», dijo en esta oportunidad. Cabe preguntar si el mejor servicio es aferrarse al efímero nombramiento sin importar la interferencia en uno de los procesos políticos más delicados y trascendentales de la historia reciente.
Los beneficios del nombramiento no se le hacen obvios al Ministerio de Comercio Exterior, cuya rectoría fue decisiva para el ingreso a la OCDE. Por el contrario, el ministro Andrés Valenciano Yamuni recomendó mantener la representación actual, según el comunicado divulgado el día en que trascendió el nombramiento de Solís: “Comex hizo una valoración estratégica y determinó que era importante que esta decisión no interrumpiera el intenso trabajo de esta etapa. Hay una amplia agenda de trabajo con la OCDE, tanto para cumplir los compromisos posadhesión como para aprovechar la organización y participar como miembros proactivos. Por ello, expuse al Consejo de Gobierno que nuestro objetivo es resguardar el dinamismo y la experiencia acumulada durante el período de ingreso, así como evitar el proceso de adaptación requerido, manteniendo la continuidad del representante actual ante la OCDE».
Nadie cuestiona la potestad del Ejecutivo para hacer el nombramiento, pero ninguna facultad presidencial debe ser ejercida sin ponderación responsable de las consecuencias. Tampoco se trata de precisar el grado de oposición de Solís a las políticas de la OCDE o a la incorporación de Costa Rica. El fundador del Partido Acción Ciudadana dice no haberse opuesto al ingreso, sino a dos señalamientos de la entidad, uno sobre el agro y otro sobre seguros para los depósitos bancarios. Dilucidar si esas objeciones habrían impedido la incorporación de Costa Rica es ocioso. Importa, más bien, el lenguaje utilizado para expresar los desacuerdos y, en última instancia, la reacción del Congreso al nombramiento.
En un artículo publicado el 21 mayo del 2017 en estas páginas, el nuevo embajador ante la OCDE negó a los países fundadores del organismo «autoridad moral» para recomendar la forma de atender a los agricultores desplazados por la apertura comercial y criticó a la OCDE por la «osadía de recomendar políticas que arruinarían a agricultores costarricenses». En otro pasaje, se refirió al «deseo de que los conglomerados multinacionales agrícolas, propiedad de accionistas de los países de la OCDE, se apropien del negocio agrícola mundial».
En cuanto a la reacción legislativa, a la cual se han sumado cámaras empresariales y otros sectores, no cabe duda de su firmeza. Con el nombramiento, el presidente, Carlos Alvarado, consiguió unir a seis partidos de oposición y quedarse solo con la bancada propia y la del Frente Amplio. No es buen augurio para la relación con el Poder Legislativo.
Los legisladores trabajaron con empeño, en conjunto con la exministra de Comercio Exterior Dyalá Jiménez, para aprobar la legislación solicitada por la OCDE. Es uno de los mayores logros del actual Congreso. Tienen razón en protestar por un nombramiento que pone en duda el aprovechamiento de tan ardua labor. El presidente debe dejarlo sin efecto, siquiera por los peligros de la situación creada. Solís debería evitarle el mal momento, siquiera por la mala apariencia de una designación tan tardía y políticamente costosa.