Informamos de las objeciones del Ministerio de Hacienda, la Contraloría y otras instituciones al proyecto de ley que pretende imponer al gobierno la creación de un sistema de trazabilidad de licores para combatir su contrabando, adulteración e imitación. Informamos, también, del vínculo del expresidente José María Figueres con una empresa proveedora de sistemas de ese tipo, cuyos agentes han enfrentado cuestionamientos en otros países, incluida una condena a más de diez años de prisión por soborno en Brasil.
El expresidente responde acusándonos de defender el fraude fiscal y “la evasión de impuestos de los grandes grupos poderosos, como ellos mismos, que ya los evadieron en el pasado (probado)”. La alusión es directa a la única disputa fiscal de la empresa editora de este diario en sus 73 años de historia: el llamado caso de las rotativas. Efectivamente, la compañía se enfrascó en más de una década de litigio durante la cual sostuvo la legalidad de sus actuaciones frente a las acusaciones de las autoridades tributarias y judiciales. Finalmente, decidió conciliar y pagó una altísima suma de impuestos y multas.
Conviene recordar que los ejecutivos señalados por la Fiscalía dieron la cara a lo largo de todo el proceso. Ninguno se refugió en el extranjero ni tuvo oportunidad de sentir nostalgia por el tamalito navideño. A ninguno se le vio verter lágrimas de cocodrilo.
Hecha la aclaración, también es oportuno apuntar que ningún periodista de La Nación tiene participación en decisiones exclusivamente administrativas y financieras. Al mismo tiempo, ningún ejecutivo dicta a los periodistas los temas a desarrollar y mucho menos los enfoques. Como empresa periodística moderna, La Nación practica la separación de lo comercial y lo periodístico.
Somos los periodistas, firmantes de nuestras notas y claramente identificados en las páginas del diario, los responsables de las informaciones sobre el proyecto de ley. También damos la cara, en cuanto nos corresponde, y no salimos corriendo a buscar refugio. Cuando el expresidente habla de los “evasores” defendidos por La Nación, nos acusa a nosotros de esa censurable conducta porque somos los únicos autores de las publicaciones.
Hemos publicado las objeciones al proyecto de ley del Ministerio de Hacienda, la Contraloría y las cámaras. ¿Son esas instituciones defensoras de la evasión fiscal? ¿Hay “grandes grupos poderosos” dictándoles a los técnicos del Estado el contenido de sus estudios y opiniones?
En lo tocante a la relación del expresidente con la proveedora de sistemas de trazabilidad, ¿comprende don José María por qué sus interacciones comerciales con el Estado, o las de sus representadas, son de especial interés dados sus antecedentes como presidente de la República y destacado asesor de transnacionales, como Alcatel?
¿Cómo no nos iba a llamar la atención su desayuno con el presidente del Banco Central y los dos más altos funcionarios del Ministerio de Hacienda? ¿Cómo dejar de informar de la visita de su más cercano colaborador y también funcionario de la empresa de trazabilidad al despacho del diputado impulsor del proyecto de ley? ¿O las gestiones de ese mismo colaborador ante el Ministerio de Hacienda?
El país ya pasó por donde asustan y quizá por eso don José María es incapaz de lograr siquiera la candidatura del partido fundado por su padre, el extraordinario estadista José Figueres Ferrer. Años invirtió el exmandatario en procurar la nominación solo para perderla por amplio margen ante un contrincante surgido pocos meses antes de la votación, sin apellido ilustre ni control sobre los órganos partidarios. Alguna razón debe haber.
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