EscucharLa Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, en vigor desde el 20 de diciembre del 2016, exige a todos los proveedores de servicios aceptar medios electrónicos de pago. Incluye a los autobuseros, pero es letra muerta porque choca contra fuertes intereses empeñados en mantener el reino del efectivo, lo cual impide conocer a ciencia cierta la demanda del servicio.
El dato, esencial para la fijación de tarifas, se extrae de informes presentados por las empresas de transporte público, y hay razones para dudar de la precisión, no solo por tratarse de información suministrada por los interesados, sino porque hay estudios contratados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) al Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (Produs) de la Universidad de Costa Rica que detectaron grandes discrepancias entre el número de usuarios contabilizados y los reportados por algunos transportistas.
Si la información de Produs fuera utilizada para fijar los pasajes, los usuarios pagarían mucho menos. Se trata, pues, de un problema de gran impacto social y económico, con repercusiones especialmente graves para las capas menos favorecidas de la población. Años han pasado desde los primeros intentos de establecer el cobro electrónico en los autobuses. Cuando un funcionario —Sebastián Urbina— demostró demasiado empeño en lograrlo, fue destituido del alto cargo de viceministro de Transportes. Para disimular su salida y acallar críticas, el gobierno de entonces estableció mesas de diálogo con los autobuseros. No tardamos en denunciarlas como maniobra dilatoria en esta misma página. Teníamos razón, nada se ha avanzado.
Ahora, en un gesto casi humorístico, la Asamblea Legislativa incorporó a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas una multa de ¢446.200 a quien incumpla la disposición de establecer la opción de pagar por medios electrónicos, pero nadie la ha cancelado ni lo hará, al menos en el transporte colectivo. La Dirección General de Tributación Directa se muestra, en este caso, comprensiva y dará tiempo para el diseño e instalación de los sistemas.
De todas maneras, la aplicación de la ley no servirá de nada a efectos de controlar la demanda y hacer fijaciones fiables de tarifas. Si los empresarios cumplen con solo ofrecer el cobro electrónico “como medio de pago alternativo” —en palabras de la ley— conservarán el margen de maniobra. El control de la demanda es posible únicamente si el cobro electrónico no coexiste con el efectivo.
Esa es la razón por la cual las iniciativas promovidas hasta ahora han tenido la finalidad de establecer un solo sistema de cobro electrónico. Como buena parte de la población no está bancarizada, se pensó en tarjetas prepagadas, ampliamente utilizadas en Estados Unidos, Europa y otras regiones. También se sugirió entregar el negocio al Instituto Costarricense de Electricidad para aprovechar su experiencia en el uso de tarjetas Kölbi.
En enero del 2014, la Aresep, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Banco Central firmaron un acuerdo para crear un sistema de pago electrónico en el transporte público. La idea venía discutiéndose con bastante anterioridad. Pero ahora, Carlos Melegatti, director de la División de Sistemas de Pago del Banco Central, expresa esperanzas en empezar a utilizar el pago electrónico en el Instituto Costarricense de Ferrocarriles; es decir, donde menos falta hace.
En más de seis años de trabajo, la montaña parirá un ratón, chiquitito y desdentado. Mientras tanto, por el sistema de transporte público fluyen ríos de efectivo pagados por los costarricenses más humildes sin el amparo supervisor del Estado. ¿Hasta cuándo?
