La reconocida organización independiente internacional Human Rights Watch (HRW) reveló hace pocos días su informe del 2020, con un balance que combina grandes retrocesos y violaciones de los derechos humanos en varios países, con una nota de esperanza vinculada a modestos logros. Se trata de las iniciativas tomadas por varios Gobiernos en la denuncia de esas agresiones y la defensa de la dignidad de personas, grupos y etnias en muchos de esos países.
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A lo anterior se une, en la columna de lo positivo, el cambio de administración en Estados Unidos. En los cuatro años de gobierno, Donald Trump deterioró la situación interna de su país, puso en segundo plano los ideales como variables de la política exterior y tuvo una favorable inclinación hacia ciertos autócratas. Todo indica que su sucesor, Joe Biden, dará nuevamente al impulso de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos un lugar de importancia en sus relaciones externas. Cómo se manifestará este cambio, sin embargo, es algo que aún está por verse.
El informe de HRW es un texto pormenorizado, que se sustenta, al revelar problemas, señalar culpables o proponer cambios, en sólidas investigaciones. Documenta la situación en 102 países con problemas de diversa índole: desde las atrocidades más abyectas que caracterizan a algunos hasta grandes desafíos, pero no dramáticos, que se resuelven dentro de los marcos institucionales de otros. Por razones plenamente justificadas, Costa Rica no está en la lista de las naciones latinoamericanas sujetas a examen, lo mismo que Belice, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y las caribeñas de habla inglesa.
En nuestro hemisferio, Venezuela, Cuba y Nicaragua reciben las mayores críticas; en los primeros dos casos, por las flagrantes violaciones a las libertades individuales y públicas; en el segundo, junto con El Salvador, por una mezcla entre lo anterior (aunque en menor grado) y procesos crecientes de deterioro institucional, irrespeto por la independencia de poderes y arbitrariedad en las decisiones, como dimos a conocer en nuestra edición del pasado domingo.
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El caso de Estados Unidos se aborda, en esta oportunidad, con la perspectiva más crítica en la historia de los informes de la organización. En el 2020, señala, «importantes fallas en los derechos humanos quedaron al desnudo». Entre ellas destaca la exclusión y violencia raciales, exacerbadas por la covid-19, el proceso de desmantelamiento del sistema de asilo, la eliminación de múltiples regulaciones ambientales, las alegaciones infundadas de fraude electoral por parte de Trump y sus esfuerzos por debilitar instituciones globales como la Corte Penal Internacional. Todo esto se ha visto atemperado por instituciones sólidas, una sociedad vibrante y una democracia capaz de resistir fuertes embates, algo que, esperamos, se convierta en acicate para sustanciales mejoras en la nueva administración.
En China, sin embargo, son nulas las esperanzas de que puedan frenarse —y menos enmendarse— las meticulosas y arrolladoras políticas de control estatal sobre los ciudadanos, los embates contra la democracia y autonomía de Hong Kong, la imposibilidad de disidencia política, la falta de libertad de expresión, la despiadada estrategia de supresión de la identidad y religión contra la etnia uigur, en la provincia de Xinjiang, o la absorción total del Tíbet. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de su cúpula por negar estas atrocidades, y por presionar a los países que las denuncian, cada vez existe mayor conciencia internacional al respecto, dice el informe.
Como reflejo de lo anterior, y de crecientes alianzas entre países para defender los derechos humanos, HRW destaca que, en las elecciones del pasado año para integrar el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas, China obtuvo la menor votación de los países que lograron pasar. Esto contrasta con cinco años atrás, cuando consiguió el primer lugar.
El documento también menciona, entre múltiples ejemplos de acción internacional conjunta en pro de los derechos humanos, dentro o fuera del CDH, la defensa de la CPI contra los ataques de Trump, la investigación sobre posibles crímenes de guerra en Yemen o de genocidio contra la etnia rohinyá en Myanmar, las presiones sobre Rusia para que cesara sus bombardeos contra ciudades en Siria y las denuncias del Grupo de Lima contra Nicolás Maduro.
Estos casos, más la acción de los propios ciudadanos alrededor del mundo para proteger sus derechos civiles y políticos, llaman a un moderado optimismo en medio de tantos retrocesos. Muestran que, si bien la causa de la libertad y la dignidad humana sufrió enormes golpes en el 2020, acrecentados por la pandemia, también se activaron exitosos esfuerzos de solidaridad y coordinación entre Gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. Una buena señal.