La administración central (Presidencia, ministerios y las instituciones a ellos adscritas) están a punto de dar un paso trascendental en procura de la transparencia y la eficacia del gasto público. Falta un decreto del Ministerio de Hacienda para formalizar la adopción de la plataforma digital de compra de bienes y servicios conocida como Mer-Link.
El sistema electrónico de compras permite a cualquier interesado dar seguimiento a las adquisiciones del Estado. Será posible, entonces, ver los precios de compra y compararlos con los pagados por otras instituciones. Cada ciudadano podrá participar de la función contralora y los proveedores tendrán un fuerte incentivo para mejorar el precio de sus ofertas.
Hacienda estudia el decreto desde el 6 de junio. Alega la necesidad de constatar su compatibilidad con la Ley de Administración Financiera y asegurarse de la continuidad y eficacia del sistema.
La tardanza contradice la premura demostrada por la presidenta, Laura Chinchilla, cuando anunció la inclusión en la nueva plataforma digital de todas las entidades del gobierno central a partir de enero próximo.
También se aparta de lo manifestado por la mandataria el primero de mayo, cuando estableció el primero de agosto como fecha límite para la adopción del sistema por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
La escogencia de la controvertida institución vial no es casualidad. El Conavi ha estado en el centro del debate público desde su lamentable participación en la construcción de la trocha fronteriza, y la temprana adopción de Mer-Link solo puede ser interpretada como medio para intentar recuperar la confianza. La semana pasada, la institución hizo dos compras con uso de la plataforma digital, pero Hacienda le recordó que, mientras no se emita el decreto, no hay autorización para utilizar el sistema.
Alicia Avendaño, directora del Gobierno Digital, se remite a los hechos para asegurar que en dos años y medio de operar en otras entidades estatales, Mer-Link no ha dado ningún problema y en su despacho no hay dudas sobre la compatibilidad de la plataforma con la Ley de Administración Financiera.
Un poco más de medio centenar de instituciones y dependencias estatales ya utilizan el sistema. Faltan unas 250, pero la muestra experimental ya es lo suficientemente amplia para derrotar los temores y acelerar los trámites necesarios para extender el empleo de Mer-Lynk a todo el gobierno central.
La presidenta no debe arriesgarse a que tan trascendental paso ocurra en la próxima administración. Haría bien, entonces, si insta al Ministerio de Hacienda a emitir el decreto con la mayor celeridad.
Amén de la transparencia, se estima que el sistema abarata el costo final de los bienes en un 20%, cuando menos, y mejora el clima de competitividad, eliminando trámites y papeleos, también costosos en términos de tiempo y dinero.
En la Municipalidad de Grecia, Alejandro Salas, asistente de Proveeduría, brinda testimonio sobre la importante transformación del gobierno local a partir de la adopción del sistema de compras en línea. En un par de años, el Concejo cuenta con proveedores domiciliados fuera del cantón y obtiene mejores precios. Arreglaron el aire acondicionado con una inversión 52% menor que la estimación inicial, y se ahorraron ¢400 millones en la sustitución de tuberías del acueducto.
Semejantes resultados en una institución relativamente pequeña conduce a imaginar los beneficios del sistema cuando lo adopten instituciones más grandes y con mayores necesidades de aprovisionamiento. Hacienda dice estar revisando los últimos detalles del decreto y no ve motivos para abandonar la fecha de enero como límite para la operación de la plataforma en toda la administración central. Ojalá así sea.