EscucharLas advertencias brotan en cascada de todos los puntos cardinales. La reforma al Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional aprobada en primer debate por la Comisión Plena Primera de la Asamblea Legislativa será un duro golpe para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y pesará sobre las maltrechas finanzas públicas durante muchos años.
A tenor de la reforma, entre 1.800 y 6.000 docentes podrán trasladarse del IVM al régimen especial cuyo mantenimiento solo es posible gracias al subsidio estatal. Las finanzas públicas se verán afectadas en ¢11.000 millones anuales, en el mejor de los casos, y en ¢33.000 millones en el escenario menos favorable previsto por el Ministerio de Hacienda.
La reserva del IVM sufrirá un golpe de ¢52.400 millones, según estimaciones de la CCSS, que de todas formas está preocupada porque los gastos del régimen exigen echar mano a los intereses generados por las inversiones y pronto será necesario acudir a los recursos del fondo mismo. Es decir, la reserva no crece, lo cual es un desastre en un país cuya población envejece, y más bien podría comenzar a disminuir.
Esa es la coyuntura escogida por Karla Prendas, Michael Arce y Juan Marín, del Partido Liberación Nacional, para sumar sus votos a los de Rosibel Ramos, William Alvarado y Jorge Rodríguez, de la Unidad Socialcristiana, y el de Nidia Jiménez, del Partido Acción Ciudadana, con el fin de aprobar un proyecto que favorecerá a entre 1.800 y 6.000 costarricenses a costa de las finanzas públicas y del IVM, cuyos pensionados suman más de un cuarto de millón.
Con los diputados del PLN, PUSC y PAC votaron los del Frente Amplio, Patricia Mora, Francisco Camacho y Edgardo Araya, pero en ese caso no podía esperarse otra actitud. Entre las preocupaciones del Frente Amplio, los intereses sindicales del sector público cobran preeminencia. Extraña, sin embargo, la actitud de las agrupaciones políticas con más sentido de la responsabilidad fiscal.
En particular, asombra ver el respaldo de los jefes de fracción de Liberación Nacional y la Unidad Socialcristiana al proyecto de ley, no obstante las protestas de la CCSS y el Ministerio de Hacienda. Las advertencias también provienen de la Defensoría de los Habitantes, que manifestó “honda preocupación” y pidió suspender el segundo debate mientras se completan los análisis y propuestas de la mesa de diálogo convocada por el gobierno para examinar la crisis de las pensiones. Una iniciativa “con impacto directo en el régimen del IVM” no debe ser aprobada mientras el país se encuentra, precisamente, en espera de los análisis técnicos, dice la Defensoría.
A la Caja, el Ministerio de Hacienda y la Defensoría de los Habitantes se suman la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), así como los candidatos presidenciales del PLN y el PUSC. También se escuchan voces de diputados de varios partidos. Una de las más vehementes es la de Marcela Guerrero, del PAC, quien reclamó a los legisladores liberacionistas su apoyo a la reforma en año electoral, “sin sustento financiero para el Estado”, cuando en las dos últimas administraciones los verdiblancos se han negado a respaldar el cambio.
El caso es extraordinario. En pocas ocasiones se ve al presidente de la República coincidir con candidatos presidenciales de oposición, al Ministerio de Hacienda en plena armonía con los empresarios y a diputados de varios partidos entendiéndose en el mismo idioma, con refuerzo de la Defensoría y la Caja. Son muchas advertencias, de fuentes muy diversas, como para ignorarlas. El país debe estar atento a la decisión de los diez diputados y no olvidarla nunca si por infortunio llega a concretarse.
El presidente, Luis Guillermo Solís, será la última barrera de contención si los diez legisladores no recapacitan. El veto presidencial merecerá aplauso de todos los sectores e instituciones cuya preocupación se ha hecho manifiesta. Al ejercerlo, el mandatario frenará el impulso brindado por una decena de legisladores a un cambio de graves consecuencias, cuya aprobación sería difícil de imaginar en el plenario legislativo.
