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(SEAN RAYFORD/AFP)
La población migrante indocumentada debe ser vacunada contra la covid-19. Su exclusión de las campañas no solo vulnera sus derechos humanos, sino que, además de no contribuir a detener la propagación del virus, limita la reactivación económica.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la proporción del valor agregado producido en el país por los migrantes —en su mayoría nicaragüenses— es superior a la proporción entre los costarricenses.
No debemos ignorar que, desde que se inició la pandemia, la población migrante en condición irregular ha sido una de las más afectadas y, aparte de lidiar con la pérdida de empleo, el hacinamiento, la informalidad, los focos de contagio en lugares de trabajo y la falta de protección estatal, también ha afrontado cruzadas originadas por la exacerbación de la xenofobia.
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Los mensajes de odio y discriminación se incrementaron en las redes sociales, según un estudio de la ONU, entre mayo del 2020 y junio del 2021.
No es válido dejar que el temor al contagio o la muerte por covid-19 se convierta en manifestaciones de violencia cuando es evidente que, como sociedad, necesitamos a los trabajadores extranjeros para el desarrollo económico.
Aunque lo peor es que, a pesar de esta clara interdependencia, el país se atrevió en algún momento a negarles la vacuna cuando es indispensable protegerlos en vista de las exigencias económicas que priman en la coyuntura actual y que, en caso de no atenderse, afecta a toda la nación. Es simple: en una pandemia, nadie debe ser relegado.
Tampoco es justo que el Ministerio de Salud solicite documentos que los migrantes no tienen, en especial cuando muchos esperan una respuesta sobre su solicitud de formalización de estatus migratorio desde hace varios años.
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La vacunación es un derecho, no un privilegio, si no, que lo digan los nacionales que, en atención a la invitación del presidente, Carlos Alvarado, aprovecharon la vacunación flexible para inocularse en Estados Unidos.
La polarización social con respecto a la vacunación de los migrantes solamente suma a la precarización de su situación y, a su vez, trunca las esperanzas en la lucha contra la crisis sanitaria.
Como bien señaló el director general de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), António Vitorino, no se trata de dar prioridad a los migrantes en las listas de inoculación, es atenderlos en igualdad de condiciones, según su grado de riesgo por edad o condición de salud.
No existe motivo ni argumento técnico que justifique que la administración de las vacunas sea una forma más de discriminación contra aquellos que han tenido el infortunio de no poder desarrollarse en sus países de origen y han debido cruzar una frontera en busca de mejores perspectivas económicas y calidad de vida, e incluso protección internacional, más aún cuando sus oportunidades de crecimiento cultural y socioeconómico impactan en la nación que los recibe.
El autor es estudiante de Periodismo en la UCR y hace su práctica profesional en Opinión de La Nación.
