¿A cuenta de qué este alboroto, que ya ha soliviantado desde las atribuciones de la Sala Constitucional hasta el prudente recato del arzobispo de San José, en una coyuntura en que se predica desde las alturas de la obligada neutralidad institucional que la prudencia es cobardía, un déficit de fortaleza moral que debemos desterrar en beneficio de la aguerrida toma de partido?
¿Es la ejecución de una venganza, como si dijéramos la crónica de una muerte anunciada, o la reparación de un robo a la Hacienda Pública, es decir, la restitución de una suerte de justicia contributiva, o, de manera más pretensiosa, la manifestación concreta de una insondable política pública que algunos creen desmentida simultáneamente por los marchamos de lujo? Todo depende de a quién creemos, o en qué bando militamos.
Fuere lo que fuere, a mí me parece que una cosa sí es: una chapuza monda y lironda. El diccionario dice que una chapuza es una obra hecha sin arte ni esmero. El uso castizo es más explícito: es una chambonada. Pero, ¿a quién se le ocurrió hacer esto en este momento, de esta forma, con estas previsibles consecuencias?
Una chambonada se deshace, y esta hay que deshacerla, a reserva de ensayar luego otra cosa. A todo el mundo conviene por distintas razones. Según se mire, un magistrado de la Sala Constitucional, empleando facultades que la ley confiere y haciéndolo con más sensatez que los autores de este desaguisado (parece que la sensatez es, como la prudencia, otro vicio del carácter moral en las actuales circunstancias), ha echado una mano a la administración pública dando la orden de suspender el procedimiento.
Si diera consejo, sugeriría aprovechar esa orden para ir más allá y desistir en definitiva de esta subasta, invisibilizando el desistimiento tras la Navidad, de modo que en enero ya nadie la recuerde. ¡Maquiavélico! Más vale que digan “aquí corrió que aquí murió”.
carguedasr@dpilegal.com
Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.
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