Solo ellos quieren buses viejos

Es más, se sabe por encuestas de la Aresep qué piensan los usuarios sobre la vestimenta de conductores o acerca de las paradas, pero sobre algo tan esencial como la percepción del estado de las unidades, nada. Otra incógnita.

Con ese mismo sigilo se topó La Nación al tratar de identificar las placas y rutas de los 19 buses incendiados este año. Es inverosímil que Bomberos, el 911, el Instituto Nacional de Seguros, el Ministerio de Transportes o el Consejo de Transporte Público (CTP) no registren el dato. Es otra evidencia de descuido, indiferencia y hasta de impunidad, porque nunca será posible denunciar o imponer castigos a una empresa con antecedentes.

De ahí que el proyecto de ley que promueve el gobierno para ampliar la vida útil de los buses, de 15 a 17 años, sea totalmente adverso para la calidad del servicio que reciben los usuarios. Sin embargo, es muy obsequioso con los empresarios, porque no renuevan la flotilla (en el 2021, dice el intendente de transportes, solo entró un bus nuevo) y con la venia del plan evitarán los millones que implica reponer 300 unidades cuya vida útil de 15 años vence en el 2023.

Esa iniciativa da concesiones a los buseros sin imponerles ninguna obligación, cuando es obvio que cuanto más antiguo es un bus, mayor mantenimiento requiere. Si de verdad los empresarios invirtieran en estas unidades, el costo, posiblemente, se trasladaría a las tarifas. Otra omisión de la Ley para la protección del sector autobusero nacional ante la crisis sanitaria, social y económica provocada por el covid-19 es que no los obliga a justificar pérdidas. Así de fácil.

El título de la iniciativa debió ser “Ley para la protección de los usuarios de autobuses”. Lo ideal en toda sociedad es la modernización de la flotilla, nunca legislar por una mayor antigüedad. Grave error del gobierno y los diputados.

amayorga@nacion.com

El autor es jefe de Redacción de La Nación.

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