EscucharUna obra tan estratégica como lo es el tramo de la Circunvalación norte fue detenida por tiempo indefinido por la falta de la ridícula suma de ¢2 millones.
Señalar culpables no es importante, tampoco las razones, que el contrato de supervisión no coincidiera con la obra o que la adenda fuera enviada tarde, porque al final fue una ínfima parte de contenido presupuestario, originado por aumentos en el tipo de cambio, lo que significó que la Contraloría señalara la imposibilidad de refrendar un contrato, requisito establecido por la ley.
Rodolfo Méndez Mata, jerarca de la cartera y uno de los mejores ministros de esta administración, asumió la responsabilidad de lo sucedido y, además, explicó su decisión de suspender la obra hasta no contar con el apoyo del ente fiscalizador.
Cabe recordar que ese tramo de la Circunvalación norte es una compleja obra de ingeniería que involucra el más largo camino elevado con que cuenta el país (dos kilómetros) con intersecciones de hasta tres niveles. Sabia decisión no continuar la vía sin el respaldo fiscalizador requerido.
Gracias a la rápida movilización del jerarca y de las diversas instituciones, la suspensión indefinida tuvo una duración de tan solo cuatro días, lo cual no conllevó mayores consecuencias en términos de tiempo; sin embargo, probablemente, sí en aspectos económicos muy superiores a la suma de ¢2 millones faltantes, pues la constructora tiene derecho a cobrar por los costos incurridos.
Los hechos debieran conducirnos a la reflexión sobre la necesidad de reformar la legislación de contratación administrativa, pues otro principio básico del derecho es que este no puede convertirse en obstáculo para el cambio social.
Costa Rica necesita avanzar. Urgen transformaciones mentales y legislativas que hoy funcionan como literales chalecos de fuerza, y lo triste es que tampoco nos protegen contra la corrupción, lo que nos deja en el peor de los escenarios.
Debemos migrar a un sistema menos rígido, en el cual el formalismo legal y la irracionalidad cedan para que los operadores tengan margen de corregir lo absurdo, la posibilidad de simplificar trámites en adendas, reasignar fondos y sancionar el abuso del derecho de los oferentes, entre otros.
La autora es politóloga.
