¿Una oportunidad para que las municipalidades se reinventen, disminuyan el gasto administrativo y se hagan más eficientes, o una coyuntura propicia para eximirlas de principios básicos de buena gestión, transparencia, responsabilidad fiscal y rendimiento de cuentas?
Lo primero es el planteamiento del alcalde electo de Cartago, Mario Redondo, al considerar el posible impacto de la actual crisis sanitaria y socioeconómica en los gobiernos locales. Lo segundo sería el resultado de un proyecto de ley presentado por la diputada liberacionista María José Corrales, respaldado por 40 de sus colegas y convocado por el Ejecutivo en el actual período de sesiones extraordinarias de la Asamblea. Qué ocurra con la iniciativa será clave, no solo por su impacto local, sino por el mal precedente que podría crear para el resto de la legislación que se apruebe con motivo de la emergencia.
La falta de sustento, ligereza y riesgos del proyecto han sido revelados, de forma contundente, por la Contraloría General de la República. Como muestra, tres botones: eliminaría la aplicación de la regla fiscal sin justificación precisa ni plazo claro, avalaría contrataciones al margen del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) y autorizaría exceder por dos años los límites existentes al gasto administrativo.
¿Atenderán los diputados esas observaciones y, lejos de ceder a las presiones de muchos alcaldes y seguir adelante, frenarán el trámite? O, si no usan la coyuntura para el tipo de transformaciones sugeridas por Redondo, ¿evitarán al menos empeorar las cosas? Sería lo mínimo.
Si algo debería respetar toda ley que se apruebe con motivo de la emergencia, es tener plazos claros, mejorar la gestión, impulsar la transparencia, evitar clientelismos y conjurar vicios futuros. Pero lo mejor sería que ni los diputados ni los ciudadanos nos conformemos con esto. Además de paliar con rapidez los efectos de la emergencia, el ideal legislativo y administrativo debe encaminarse a convertirla en generadora de cambios que estimulen un Estado más ágil y productivo. El momento obliga a “salir de la caja” y reformar en lo posible el statu quo paralizante, no volver a prácticas superadas o, peor aún, extenderlas al futuro. Tratemos, por lo menos, de marcar el rumbo para lograrlo.
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El autor es periodista y analista.