Era algo común en la Guatemala de entonces. En la de hoy ya no lo es. El miércoles, un tribunal de “mayor riesgo” impuso penas de entre 33 y 58 años a cuatro militares retirados, culpables de “violación y delitos contra los deberes de la humanidad” por la desaparición forzada del adolescente Marco Antonio Molina Theissen y la violación y tortura de su hermana Emma. Fue una condena ejemplar.
Que pasaran tantos años entre los delitos, ocurridos en 1981, y la sentencia, es una dolorosa prueba de la impunidad que ha padecido Guatemala por tantos años. Se mantiene, pero los avances para superarla, aunque lentos y dolorosos, han sido notables. Los han impulsado una legión de valientes fiscales y jueces, políticos y funcionarios rectos, una sociedad civil persistente en la exigencia de justicia y un vigoroso impulso externo.
La gran articuladora de todo lo anterior ha sido la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Establecida en el 2006 por acuerdo entre las Naciones Unidas y el gobierno guatemalteco, ha desarrollado una labor clave para los lentos avances hacia la vigencia del Estado de derecho. En la actualidad, sin embargo, enfrenta serios riesgos.
La Cicig no solo ha actuado como ente investigador y acusador, función en la que ha esclarecido sonados y complejos casos. Más importante aún, ha impulsado vitales reformas al sistema judicial, ha capacitado y acuerpado jueces y fiscales, y ha sido una suerte de conciencia firme y crítica frente a las poderosas fuerzas que pretenden detener los avances. Sus enemigos son muchos y muy poderosos. Incluyen hasta el presidente Jimmy Morales, y han logrado reclutar al senador Marco Rubio, quien, con argumentos espurios, pretende recortar los fondos que le transfiere el gobierno estadounidense.
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La embestida va más allá, e incluye como blanco al Ministerio Público. Tras ser dirigido por dos fiscalas impecables –Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana–, el reciente nombramiento de María Consuelo Porras ha despertado serias inquietudes entre los defensores de derechos humanos. Conclusión: razones sobran para celebrar la reciente condena, pero también para estar inquietos y alertas sobre la salud del Estado de derecho en Guatemala. Los peores tiempos no volverán, pero los mejores son frágiles.
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Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).