Todo esto es clave, pero el valor central del ingreso es que fortalecerá el desempeño de las instituciones y, así, hará más robusto el Estado, impulsará su gestión estratégica, estimulará la calidad de sus servicios y mejorará la competitividad del país. Se trata de un proceso de reforma inductivo: modificar realidades concretas a partir de la experiencia acumulada por cientos de casos para incidir entonces en el bienestar general.
La dinámica de adhesión ha avanzado con celeridad inusual para los estándares nacionales. La semana pasada obtuvimos el aval de la OCDE a los procesos de gobierno corporativo públicos y privados, con lo cual ya hemos superado 16 de los 22 temas bajo escrutinio por igual número de comités. Además, una serie de proyectos necesarios para la adhesión han sido aprobados con sólidas mayorías legislativas. Pero también existen dificultades y una se ha tornado en grave amenaza: el rechazo del Ejecutivo a la constitución de un fondo de garantía de depósitos que iguale las condiciones competitivas de todos los intermediarios financieros
En su lugar, propuso mantener condiciones privilegiadas para la banca estatal, en contradicción con el criterio de la OCDE, de la ministra de Comercio Exterior y de las mejores prácticas internacionales, y con potencial perjuicios para el fisco, que debería asumir el costo de eventuales descalabros en el sector.
Creo que su actitud responde a presiones de sectores estatistas del PAC y a la insistencia de don Ottón Solís, férreo defensor de esta postura. Al ceder ante ellos, quizá a regañadientes, el presidente ha arriesgado su meta de ingresar a la OCDE en el 2020. Pero los diputados no tienen por qué seguirlo. La solución es que digan no y aprueben la propuesta original y mejor. Los votos parecen estar. Si se activan, podremos respirar tranquilos. Incluido el propio Carlos Alvarado.
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Twitter: @eduardoulibarr1
El autor es periodista.
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