En los últimos veinte años, la confianza en los partidos políticos ha caído, al que punto que solo un 20 % de la población en América Latina tiene una opinión favorable de estos.
Los mismo ocurre a los parlamentos, gobiernos y poderes judiciales de la región. Una de las razones reside en la falta de creación de valor público. El valor público deriva en la satisfacción de las necesidades, da solución a los problemas o abre oportunidades presentes y futuras a la sociedad por medio de la prestación de bienes y servicios con recursos públicos.
El profesor de la Universidad de Harvard Mark Moore, a quien se le atribuye la creación formal del concepto «valor público», en una obra publicada a mediados de la década de los noventa, argumenta que es mediante el cumplimiento que el Estado y sus instituciones adquieren o pierden la confianza de la población.
No se trata solo de lo que hacen las instituciones y empresas públicas, sino también de cómo lo hacen. Esto resulta ser muy lógico, pues todas las personas en su calidad de contribuyentes financian la mayor parte de los bienes y servicios públicos y, por tanto, existe un interés legítimo en saber la manera como se usan sus aportes.
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Moore desarrolla una figura muy sencilla para explicar la creación de valor público, el triángulo estratégico o triángulo de Moore. Las instituciones requieren desarrollar capacidad operativa (procesos, personas, tecnología, transparencia, eficiencia, comunicación, buen uso de los recursos, priorización, etc.) que les permitan prestar bienes y servicios de buena calidad y de manera oportuna.
Si la capacidad institucional es baja por razones materiales, organizacionales o actitudinales, se incumplen las expectativas de la población y eso acarrea la pérdida de confianza en las instituciones y la legitimidad de estas.
Otros intelectuales han desarrollado metodologías con el fin de aproximarse a una medición del valor público; sin embargo, aún no existen modelos precisos, porque lo público implica una cadena virtuosa de contribuciones de diferentes instituciones, incluso con participación de la sociedad.
Sin embargo, una de las mediciones —probablemente la más concreta y validada— es la creada por el profesor Jorge Hintze, de la Universidad Nacional del Litoral en Argentina.
Según esta, el valor público en una sociedad debe expresarse en los grandes indicadores de bienestar de la población, como el índice de desarrollo humano (IDH), el coeficiente de Gini, el índice de pobreza y pobreza extrema de los países y la tasa de desempleo, entre otros.
En los países donde estos indicadores muestran valores positivos, la población expresa satisfacción y confianza en el trabajo de las instituciones.
Como en Latinoamérica las condiciones de vida han ido empeorando y existe una enorme concentración de la riqueza en pocas manos, debido a la corrupción y a la ineficiencia de los Estados para crear oportunidades de crecimiento para la población en general, a mediano y largo plazo se produce la pérdida de confianza. La desconfianza se convierte entonces en una crisis de credibilidad para las instituciones y, consecuentemente, de legitimidad y falta de apoyo.
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La revisión de experiencias exitosas y de intentos fallidos indica que hay tres factores clave para revertir la tendencia. El primero es planificar a largo plazo, porque los problemas no se resuelven en uno o cuatro años. El segundo son los resultados positivos que se expresen en los indicadores de bienestar social. El tercero es mostrar de manera transparente cómo se gastan o invierten los recursos.
Los grandes enemigos de la recuperación de la confianza son el cortoplacismo, los resultados deficientes, la corrupción y el populismo, entre otros. Son males que agobian a nuestras sociedades latinoamericanas y representan los grandes retos.
El primer desafío es cambiar la forma como planificamos. Eso implica pasar de dar toda la importancia a las cosas que hacemos y ocuparnos de las que logramos, en otras palabras, superar la planificación normativa por objetivos y enfocarse en una más estratégica orientada a los resultados.
En vísperas de una elección nacional siempre se genera la expectativa de si esta vez habrá un cambio en la forma de pensar el futuro del país y un compromiso significativo para revertir la poca eficacia institucional para la creación de valor público. Lo sabremos en el 2022.
El autor es docente en la UNA y la UCR.