EscucharLa transparencia es un deber consustancial al ejercicio de la administración pública, pero como mecanismo para fiscalizar el uso adecuado de los recursos públicos resulta vital en situaciones de emergencia como la que vivimos.
Es el instrumento tanto para evitar que la coyuntura se convierta en oportunidad para que interesados la usen en beneficio propio como para facilitar que los gobiernos la aprovechen para mejorar la confianza de los ciudadanos al abrirse al escrutinio de las medidas tomadas, su concernencia, eficacia y proporción.
Los resultados dan cuenta de los beneficios de gestionar crisis transparentemente y con apertura de información: una encuesta llevada a cabo por Ipsos en 14 países latinoamericanos reveló que la imagen de los presidentes durante esta pandemia ha mejorado, salvo en México y Brasil.
Existe una necesidad real de responder con urgencia a las crisis y minimizar su impacto, de tomar decisiones de manera expedita, obviando el tiempo y la discusión que tomarían en condiciones normales. Pero esa flexibilidad no puede ser excusa para soslayar la transparencia.
Riesgos. Son muchos los riesgos de combinar medidas lánguidas con procesos que no siguen los requerimientos usuales, tales como concesión de contratos públicos a personas o empresas con las cuales existen conflictos de intereses, negociación de contratos antes de ser publicados o el pago de sobreprecios, entre otros.
Tales riesgos han llevado a organizaciones civiles alrededor del mundo a dar la voz de alerta a través de comunicados conjuntos que han incluido a las más activas de Europa y a las integrantes del Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto, de la cual Costa Rica es parte desde el 2012.
Por estas razones, el seguimiento a la emergencia por parte de los ciudadanos y los medios de comunicación no ha de limitarse a la evolución de los casos y acciones de mitigación. Debe incluir la forma como se reasignan presupuestos, la ejecución, los procesos de compras públicas, la concesión de contratos, el comportamiento de precios y toda acción para atender la pandemia. Pero, para ello, los gobiernos deben publicar la información.
El éxito y ejemplaridad con que Costa Rica ha gestionado la emergencia se debe, en cierta medida, a la cantidad de información pertinente puesta por el gobierno a disposición de la ciudadanía.
Son frutos de ocho años de haber empezado a inculcar prácticas de gobierno abierto en algunos sectores del aparato estatal y de mostrar los beneficios tangibles de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
No es casualidad que varias de las iniciativas sobre divulgación de información durante esta crisis hayan sido desarrolladas en la oficina que coordina los proyectos de gobierno abierto.
Debilidades detectadas. Pero hay puntos flacos. El decreto cuyo fin es regular el bono proteger contempla en el artículo 22 la publicación de información en formato de datos abiertos; sin embargo, no se cumple tras mes y medio de su publicación.
La página electrónica del Ministerio de Trabajo publica estadísticas sobre los bonos, pero en formatos no computables, es decir, que no permiten verificar la información.
Existe un valioso portal electrónico que consolida accesos a la información en torno a la situación nacional y regional de la pandemia, la normativa creada y acciones tomadas para la atención; no obstante, tampoco está en formatos abiertos susceptibles de descarga de los datos.
Caso contrario es el mapa con datos georreferenciados descargables publicado por el Observatorio Geográfico en Salud.
Por otro lado, Costa Rica se planteó en el 2017 el compromiso de incorporar al Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) los estándares de contrataciones abiertas, lo cual habría sido hoy de gran ayuda para dar seguimiento a la atención de la emergencia, empero, de acuerdo con el Informe de implementación del mecanismo de reporte independiente, de la Alianza para el Gobierno Abierto, la iniciativa no se completó.
Las buenas prácticas en contrataciones, con el propósito de evitar beneficios a grupos o personas no necesitadas, prevenir el fraude y la inflación de precios, dictan que la concesión de contratos sin seguir los procesos usuales ha de ser la excepción y debe analizarse y justificarse uno por uno, y la justificación debe tener constancia escrita, para ser publicada, de la autoridad pertinente.
La Open Contracting Partnership recomienda hacer del conocimiento público los procedimientos de la emergencia en formatos abiertos, según los lineamientos de la Carta Internacional de Datos Abiertos, firmada por Costa Rica en el 2016.
También, aconseja centralizar las compras públicas en una sola entidad que publique en tiempo oportuno, en forma estructurada y como datos abiertos la información a través del portal de compras públicas.
Los datos y contratos otorgados por la emergencia generada por el virus SARS-CoV-2 deben ser fáciles de encontrar mediante el uso de etiquetas que ayuden a identificar los procesos, transacciones y líneas presupuestarias.
Beneficio de los datos abiertos. Compartir estos datos contribuirá a analizar cuáles decisiones no generaron el efecto deseado y cuáles resultaron acertadas, evaluar la conveniencia de proveedores, predecir la demanda futura y el comportamiento de la cadena de suministro de los artículos críticos.
En síntesis, ayudará a desarrollar inteligencia de datos que servirá para la atención de futuras pandemias e informará el diálogo que el gobierno debe estructurar y promover con el sector privado y la sociedad civil, aliados claves en la atención de la problemática.
Ucrania, Moldavia, Portugal y, más cerca, Paraguay y Colombia lanzaron iniciativas para publicar contratos y órdenes de compra relacionados con la atención de la covid-19 en formatos abiertos, y para crear dashboards con información semanal sobre el uso y otorgamiento de subsidios.
La Asamblea Legislativa desempeña también un papel crucial. La organización civil Directorio Legislativo le atribuye en su investigación “COVID-19: El desafío de adaptarse y fortalecer el rol de los parlamentos” la responsabilidad de asegurar la efectividad del sistema de pesos y contrapesos que sustenta la democracia.
Asimismo, le encomienda asegurar que las medidas ejecutadas no limiten libertades civiles más allá de lo razonable, particularmente el acceso a la información y la supervisión de las actuaciones del gobierno que puedan llevar a cabo el público y la prensa.
Las crisis requieren también estrategias a largo plazo que aseguren no descuidar lo importante por atender lo urgente, y que la vigencia de las medidas especiales no sobrepase la emergencia.
Costa Rica sufrió las consecuencias de la falta de la visión a largo plazo, en favor del corto, durante la crisis financiera global del 2009, cuando acudió principalmente al gasto corriente para atenderla, cuya secuela fue el aumento de cerca del 2 % del PIB en este rubro, mientras los gastos de capital se redujeron más del doble del promedio latinoamericano.
La transparencia permitirá a la ciudadanía coadyuvar a evitar que algo similar suceda de nuevo y a detectar y prevenir situaciones riesgosas en el futuro.
Sería lamentable tropezar de nuevo con la misma piedra, particularmente cuando la salud fiscal está tan deteriorada.
El autor es investigador del Mecanismo de Reporte Independiente
