EscucharLos costarricenses aspiramos a tener un Estado digitalizado, competitivo, ágil y transparente. Para alcanzar el primer objetivo, será necesario cambiar radicalmente la manera como funcionan la mayoría de las instituciones, así como la mentalidad y la cultura de los ciudadanos.
El país ha invertido en los pasados 15 años millones de dólares en capacitación de personal y programas informáticos cuyos resultados son muy cuestionables. Solo el expediente digital único en salud (EDUS) costó $100 millones y ha tomado más de 20 años ponerlo en funcionamiento en Ebáis, clínicas y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Asimismo, la millonaria inversión en el sistema de planillas y registro de cuotas y deudas con la CCSS todavía carece de un estricto protocolo de seguridad.
Los bancos públicos y el Popular han destinado millones de dólares en tecnología para poder competir con la banca privada. El Ministerio de Educación y la Fundación Omar Dengo registran aportes hasta por ¢127.000 millones en el Programa Nacional de Informática Educativa y todavía no consiguen cumplir las metas de alfabetización digital exigidas por el mercado moderno.
Los 4.659 centros educativos no están conectados entre ellos con banda ancha a través de la red de fibra óptica de alta velocidad. Los fondos de Fonatel se acumulan año tras año hasta alcanzar más de ¢175.000 millones en el 2018 y son preocupantes las deficiencias en la ejecución de los programas para conectar hogares pobres, centros públicos y comunidades alejadas.
Herramientas desperdiciadas. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) creó la plataforma APC para el trámite digital de planos topográficos y de construcción; no obstante, solo 37 municipalidades están incorporadas.
El Sistema de Compras Públicas (Sicop) es utilizado únicamente por el 34 % de las instituciones. Esta plataforma digital de alta tecnología es una herramienta para promover la competencia, la transparencia y el ahorro. Tres instituciones clave, cuyas compras ascienden a ¢974.000 millones anuales, como lo son la CCSS, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Nacional de Seguros (INS), todavía no se han incorporado en su totalidad. El Poder Judicial, que adjudicó en contratos ¢16.015 millones en el 2018, no lo ha instalado.
A pesar de que vivimos en la era de la digitalización, estamos en pañales en la carrera tecnológica. Costa Rica ocupa la posición 105 de 190 países evaluados, según el clima de negocios del Banco Mundial (Doing Business).
Si queremos avanzar en digitalización, el país debe reformar la ley constitutiva de Racsa para transformarla en un ente coordinador del gobierno digital, tutelada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), financiado con un porcentaje tomado del presupuesto de cada institución.
El gobierno digital es un proyecto prioritario para mejorar nuestra competitividad. Nuestra frondosa Administración Pública nos tiene paralizados a un alto costo.
Miles de trámites en papel dificultan la apertura de empresas, no contamos con tarjetas de identidad con chip para acceder a todas las redes y la conexión a Internet es desigual en el país.
No podemos votar digitalmente ni pedir citas, tampoco nos es posible renovar la licencia, cambiar una dirección, impugnar una multa, pagar transporte público, inscribir un niño en una escuela u otros miles de trámites que en otros países se efectúan por medio de un teléfono celular.
Necesitamos un marco jurídico que articule las iniciativas de cada una de las 325 instituciones como elemento fundamental para bajar costos y que organizaciones dispares compartan conocimiento y datos.
Incorporar las TIC. La tecnología de información es básica si queremos aumentar la productividad, la transparencia, la comunicación, la interacción social, la educación y el transporte.
Las tecnologías de información y comunicación (TIC) han modificado la vida en países como Estonia, nación ubicada entre los primeros lugares de competitividad del mundo en solo 20 años y que goza de un 99 % de digitación.
Estonia también es líder en ciberseguridad y, junto con Polonia, ha desplazado a Finlandia en excelencia educativa gracias a gobiernos que apostaron por la tecnología para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y, en especial, la educación.
Los teléfonos son pequeñas computadoras dotadas de dispositivos para hacer transacciones bancarias, almacenar información, escuchar conferencias y decenas de actividades más.
En los últimos 20 años, todo el crecimiento científico se desarrolla en bases tecnológicas. La medicina, la ingeniería, la mecánica, la educación y la competitividad de un país dependen de sus comunicaciones y redes.
Toda la información está en la nube y basta un simple teléfono para tener acceso a ella. Costa Rica registra dos teléfonos celulares por persona y una cobertura de un 74 %, debemos aprovechar estos logros.
El autor es ingeniero.
