EscucharEn el 2019, celebramos 70 años de la promulgación de la Constitución Política y de democracia ininterrumpida. También, 70 años de inversión social, no militar.
El bicentenario de la independencia está a una vuelta del almanaque. En unos días, comienza la cuenta atrás de solo 10 años hacia la ambiciosa Agenda 2030 para el Desarrollo Humano Sostenible. Para cumplirla no hay sistema más apto que la democracia. Aun así, el reto es mayúsculo: según el Estado de la Nación, entre el 2018 y el 2019, el desempeño del país en desarrollo humano fue regresivo y varios vecinos nos rebasaron.
La capacidad de la democracia para llevar bienestar parejo a toda la gente está siendo cuestionada en muchos países. En Líbano, Haití, Hong Kong, París, Chile, Cataluña, Bolivia y más allá, el pueblo tomó las ciudades para retar a sistemas políticos que, en el peor de los casos, renunciaron a su vocación de servicio al pueblo para servir a ciertos grupos; y, en el mejor, se volvieron miopes frente a las demandas populares. La explicación del descontento no se agota ahí; hay que seguir estudiando las causas.
En muchas naciones latinoamericanas, se han otorgado derechos políticos y electorales, pero se han descuidado o restringido los sociales, económicos y culturales. En algunos casos, los derechos electorales son una mascarada. El fenómeno no tiene ideología: hay abusos y falencias en regímenes de izquierda y de derecha. El populismo acecha.
La democracia costarricense ha sido resiliente, hasta ahora. Logramos sortear una debacle fiscal que habría tenido consecuencias devastadoras, pero la estabilidad económica y social sigue sostenida con alfileres. La pobreza, el desempleo, la desigualdad y las persistentes brechas territoriales y sectoriales demuestran que nuestro sistema político y económico está logrando responder a lo inmediato, mas no a lo estructural.
La desigualdad está llegando a límites peligrosos para la estabilidad democrática. En una sociedad desigual, el reducido grupo que acumula la mayoría de la riqueza y del bienestar tiene un músculo desproporcionado sobre el poder y las decisiones de políticas públicas; en el otro extremo, está una mayoría que, aun cuando quizás satisfaga gran parte de sus necesidades básicas, se siente excluida y comienza a perder fe en el sistema; se desapega con frustración y enojo.
El próspero Chile lo está viviendo en carne propia. La fórmula deterioro de calidad de vida+falta de confianza+desafección fácilmente desemboca en una súbita explosión de furia popular. Pongamos nuestras barbas en remojo.
El diagnóstico. Un reciente estudio del BID (2018: Mejor gasto para mejores vidas) dice que los latinoamericanos hemos perdido confianza en que el gobierno cumpla sus promesas y sentimos que no podemos influir en sus decisiones. A esto se suma falta de información suficiente y oportuna sobre lo que los gobiernos pueden hacer y están haciendo por nosotros.
En cuanto a Costa Rica, la narrativa hacia fuera es mucho más exitosa que la comunicación interna. Eso produce desencanto y desinterés.
El Latinobarómetro muestra que el apoyo de los costarricenses a la democracia ha perdido 11 puntos en 10 años; hoy es el 63 %. La apoyan, sobre todo, las personas con mayor educación y poder adquisitivo. Solo un 45 % está satisfecho con ese sistema de gobierno. Además, el 75 % cree que se gobierna para unos pocos grupos con influencia. El 69 % siente que la corrupción ha aumentado.
Estos datos combinados con los de confianza en las instituciones dan un escenario aún más preocupante: solo el 53 % confía en el gobierno; el 49 %, en el Poder Judicial; y un 27 %, en el Congreso. Además, 7 de cada 3 costarricenses no recuerdan el nombre de ningún diputado, ¡ni siquiera los de su provincia! Las deficientes calificaciones fueron evidenciadas también en la reciente encuesta del CIEP.
Factor agravante del desgaste democrático es que la clase gobernante ha perdido el control de la administración pública; gradualmente, se la ha cedido a la burocracia que, con pocas excepciones, se convirtió en freno para el desarrollo económico y social. La devoción a la tramitomanía de ese 15 % de la población activa tiene la capacidad de afectar negativamente la calidad de vida del otro 85 %. Mientras los servicios públicos se deterioran paulatinamente y se ponen cerrojos a la capacidad productiva e innovadora de las personas y las empresas, salarios y privilegios de la clase burocrática crecen sin relación con el mérito. Duele reconocer que la Sala IV lleva años combinando su misión de ampliar y salvaguardar el conjunto de nuestros derechos y libertades constitucionales, con la labor de defendernos de la burocracia.
Los incentivos para asumir los riesgos y responsabilidades de un cargo político son mínimos. Quienes se atreven tienen pocas herramientas para neutralizar los excesos de los mandos administrativos, pero cargan con el costo político de ello.
Los partidos políticos están descompuestos, lo cual ha venido afectando sensiblemente la calidad de la representación y de la política pública. Según el Latinobarómetro, el 40 % de los costarricenses no tienen preferencia por un partido y solo el 17 % confía en ellos. En la medición del CIEP, recibieron la peor calificación entre las instituciones evaluadas. Ya no hay conexión emocional con los partidos ni el pueblo se siente representado por ellos; la mayoría carece de contenido programático, ha descuidado la formación, la disciplina y la congruencia ideológica. Varias agrupaciones están recogiendo el descontento popular con base en dogmas, no en visión de política pública, lo cual está estrechando el espíritu republicano que nos ha caracterizado.
Reinventarse. Muchos opinan que en un futuro cercano los partidos serán irrelevantes. Yo sigo creyendo que son fundamentales para la democracia, pero es imperativo que se reinventen.
El sistema no está ofreciendo canales adecuados para desfogar la demanda social. No hay una conversación fluida ni constante entre la ciudadanía y el poder político, y el pueblo se está resintiendo. La Sala IV y la Defensoría están saturadas de quejas, pero no basta con que sean atendidas. Nuestro sistema debe acercarse más a una democracia participativa, ciudadanocéntrica. Se deben aprovechar más y mejor las herramientas tecnológicas para acercar el poder al pueblo.
Ahora bien, la democracia requiere de una sociedad civil robusta, organizada y vibrante que, como dice Daron Acemoglu, sea capaz de fiscalizar las instituciones públicas y a la élite, y contrarrestar los excesos del Estado. Para ello, es esencial contar con un amplio liderazgo social compartido que tenga visión estratégica.
Más allá de la acupuntura de interponer recursos de amparo, de constitucionalidad o de justicia electoral; más allá de votar en cada elección, debemos aprovechar los innumerables mecanismos sociales de participación como los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones gremiales y grupos de pensamiento.
Debemos hacer uso responsable del plebiscito, la iniciativa popular, las redes sociales y los espacios públicos para hacer propuestas. Los ciudadanos debemos demandar información y rendición de cuentas a las diversas instancias políticas y administrativas. Nos urge dialogar.
Los costarricenses tenemos un arraigado espíritu delegativo, pero necesitamos forjar uno participativo. Participar en la toma de decisiones públicas es un derecho, pero también un deber. Por supuesto, esto nos remite a un problema subyacente: la calidad de la educación pública. Solo una ciudadanía educada puede ejercer su poder de manera eficaz. La estabilidad democrática depende de tener ciudadanos educados; por eso, uno de los mayores retos del próximo decenio es mejorar la calidad de la educación.
Que no sea Cronos, sino el gobierno junto con la sociedad los que tengamos el control del calendario de nuestro proyecto para el país. Usemos el cambio de año y de decenio para revisar lo que se ha hecho, plantearnos propósitos claros a corto, mediano y largo plazo; y desarrollar y ejecutar, conjuntamente, las estrategias apropiadas.
La autora es activista cívica.
