EscucharHace un año, a la medianoche del 13 de diciembre del 2018, la Policía Nacional asaltó la redacción de Confidencial y Esta semana, medios de comunicación independientes que dirijo en Nicaragua desde hace más de dos décadas.
El resultado fue un robo masivo, ejecutado sin ninguna orden judicial, que continuó el día siguiente, 14 de diciembre, con la ocupación de nuestra redacción por policías, que ahí se han mantenido de forma permanente doce meses después.
El asalto y la ocupación de Confidencial es una violación múltiple de los derechos, las libertades y las garantías constitucionales, y, en particular, representa una triple agresión: contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de empresa.
La ocupación viola el derecho a la propiedad privada, establecido en el artículo 44 de la Constitución, que “prohíbe la confiscación de bienes”. Pero también los artículos 30, 66, 67 y 68, referidos a la libertad de expresión, la libertad de información, la prohibición de censura previa contra los medios de comunicación y el no decomiso de los medios destinados a la difusión del pensamiento.
En consecuencia, esta agresión contra Confidencial y Esta semana, no solamente lesiona nuestros derechos individuales de periodistas, incluido el derecho al trabajo, sino que también afecta a los ciudadanos al negarles el derecho constitucional a recibir información sin ninguna clase de cortapisas.
Adicionalmente, al imponer el gobierno, desde enero de este año, una censura de facto en contra de Canal 12 y el sistema de televisión por cable, para impedir la difusión de los programas televisivos Esta semana y Esta noche, el Estado incurre en una doble violación al derecho de acceso a la información.
Silencio por respuesta. Hemos agotado los recursos legales ante el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia para que investiguen el robo perpetrado por la Policía y ordenen la suspensión de esta ocupación permanente, sin obtener ninguna respuesta del Estado.
El 19 de diciembre del año pasado presentamos ante el Ministerio Público una denuncia por robo y crimen organizado contra la Policía Nacional, y adjuntamos el inventario provisional de los bienes incautados a las empresas y a los trabajadores, que incluyen 35 computadoras, 7 cámaras de televisión y 2 editoras de televisión, así como la documentación contable e institucional de las 3 empresas y nuestra información privada, en físico y en formato digital.
Un año después, el Ministerio Público, dirigido por la fiscala Ana Julia Guido, no ha llevado a cabo ninguna investigación.
Ante la Corte Suprema de Justicia, presentamos tres recursos de amparo, en nombre de las empresas Invermedia-Confidencial, Promedia-Esta Semana y Cabal, que desde febrero de este año están a la espera de un fallo de la Sala Constitucional, que ya ha incurrido en un acto de retardación de justicia.
Reclamo validado. El propio jefe de la Policía Nacional, primer comisionado Francisco Díaz, en un informe enviado a la Corte Suprema de Justicia, admitió que no tiene ninguna facultad legal para confiscar las empresas de medios de comunicación Invermedia-Confidencial y Promedia-Esta Semana.
En ese documento oficial, Díaz alega que en diciembre del año pasado la Policía recibió una solicitud del Ministerio de Gobernación para auxiliarle en la incautación de los bienes de la organización no gubernamental Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), que fue despojada de la personería jurídica el 13 de diciembre del 2018. Pero lo que hizo la Policía no fue intervenir la oenegé Cinco, sino asaltar y ocupar dos medios de comunicación y una tercera empresa, Cabal —una consultora de servicios ambientales—, que están inscritas en el Registro Mercantil y no tienen ninguna relación con la mencionada oenegé.
Esas son las pruebas que están a la vista para que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie, si en verdad desea respetar el principio de tutela judicial efectiva, y ordene a la Policía la suspensión de la ocupación.
El 25 de noviembre, regresé a mi patria después de casi once meses de exilio en Costa Rica para ejercer mis derechos constitucionales como periodista en Nicaragua, para demandar la suspensión del estado de sitio de facto y el cese de la persecución contra el periodismo independiente.
Demandas. A un año del asalto y la ocupación de Confidencial y 100% Noticias, demandamos al régimen Ortega Murillo el restablecimiento pleno de las libertades democráticas, tal como se comprometió el gobierno con la Alianza Cívica en el segundo diálogo nacional el 28 de marzo, ante la OEA y el Vaticano como testigos internacionales.
A la Corte Suprema de Justicia: que falle, sin dilación y de acuerdo a derecho, los recursos de amparo presentados y ordene la suspensión de la ocupación policial de Confidencial y 100% Noticias para que los afectados puedan interponer sus demandas de indemnización ante el Estado.
Al presidente de la República, Daniel Ortega: que, en su condición de jefe supremo de la Policía Nacional, ordene la suspensión de la ocupación ilegal de los medios de comunicación Confidencial y 100% Noticias para restablecer el derecho constitucional de los ciudadanos a la libertad de información.
A un año del asalto a Confidencial, a pesar de la ocupación física de nuestra redacción y la persecución contra nuestros periodistas, nunca pudieron callarnos.
A pesar de la ocupación de nuestro estudio de televisión y la censura televisiva, nunca pudieron callar ni a Esta semana ni a Esta noche, que siguen derrotando la censura a través de las redes sociales.
A pesar de la mordaza impuesta por la fuerza, nunca podrán impedir que sigamos investigando y denunciando la corrupción, y fiscalizando el poder.
A pesar de las amenazas y la represión de la dictadura, la prensa independiente resiste en Nicaragua, aquí estamos, seguimos haciendo periodismo al servicio de la verdad.
carlosf.chamorro@confidencial.com.ni
El autor es periodista nicaragüense.
