EscucharDecía en mi anterior artículo, que detrás de las alarmantes cifras de desempleo, subempleo y empleo informal, reveladas en la más reciente encuesta continua de empleo, se esconden realidades aún más graves para las mujeres (desempleo del 15,4 %), los jóvenes (31,1 %), las personas en condición de pobreza (desempleo del 21,9 % según la encuesta nacional de hogares) y los habitantes de las regiones periféricas (desempleo del 16,5 % en la Brunca y un 14,9 % en el Pacífico central).
El mismo día en que salió mi artículo en la versión impresa, La Nación publicó un reportaje de la periodista Michelle Campos sobre los absurdos de la Red de Cuido y Desarrollo Infantil, la cual castiga a las madres que consiguen trabajo con la expulsión de sus hijos de los centros de atención. Esto es, como bien lo explicó José Aguilar Berrocal, director ejecutivo de la Asociación Horizonte Positivo, un feroz desincentivo al trabajo.
Qué tan grave es el problema. El 41 % de los hogares en Costa Rica son liderados por mujeres, y prácticamente la mitad de los hogares en condición de pobreza (48,39 %) y de pobreza extrema (49,38 %) tienen una mujer como jefa de hogar. La pobreza las golpea más duramente.
No es solo que la tasa de desempleo femenino es un 77 % mayor que la de la población masculina, sino también que las mujeres tienen una mucha menor participación en la fuerza laboral. Apenas el 50,4 % de ellas en edad de trabajar están incorporadas a la fuerza de trabajo, comparado con el 73,1 % de ellos. El subempleo afecta al 14,5 % de las mujeres ocupadas, contra un 9,7 % de los hombres.
Encontramos las causas de estas diferencias en factores socioculturales e históricos que resultan en la menor participación laboral y en la brecha salarial entre hombres y mujeres, pero también en las políticas públicas hallamos, si no los orígenes de estas diferencias y de la discriminación, por lo menos algunos de los motivos por los cuales cuesta tanto superarlas. La exclusión de niños de la Red de Cuido en cuanto sus madres obtienen un empleo formal, es un tétrico ejemplo de ello.
Qué tan urgente es solucionarlo. De acuerdo con el Estado de la Nación del 2018, “ejercicios de simulación mostraron que la pobreza se podría reducir a casi la mitad si las mujeres desocupadas, o que están fuera de la fuerza de trabajo, tuvieran un empleo”. Usando datos del 2017, estimó que la pobreza total habría caído del 20 % al 11 %.
Christine Lagarde afirmó, cuando era directora gerenta del Fondo Monetario Internacional, que “si los países de América Latina aumentaran la participación laboral femenina hasta el nivel medio de los países nórdicos (que ronda el 60 %), el PIB per cápita podría ser hasta un 10 % más alto”. En el 2017, cuando la hoy presidenta del Banco Central Europeo hizo esa afirmación, la participación femenina promedio para Latinoamérica era del 51,5 %. En Costa Rica, recordemos, es del 50,4 % actualmente, con una tasa de ocupación de apenas el 42,6 % de las mujeres en edad de trabajar.
Las políticas para promover la mayor inserción y la creación de empleo para la mujer deberían constituir un eje central de la estrategia de crecimiento del país. Al potencial bono económico — aumento del PIB per cápita y disminución de la pobreza— se sumarían otros beneficios socioculturales derivados de la mayor independencia económica de la mujer.
Las costarricenses ya cuentan con un mejor perfil académico que sus pares masculinos. Según el Estado de la Nación, el 34 % de ellas tienen educación superior, contra un 21 % de los hombres. Al mismo tiempo, el 28 % de las mujeres terminó la educación primaria únicamente; la cifra para los hombres es del 40 %. ¿Cuáles son los obstáculos, entonces, para una mayor inserción laboral femenina?
Matar dos pájaros de un tiro. Ampliar la Red de Cuido es necesario, eliminando, por supuesto, las absurdas regulaciones que castigan el trabajo. Ampliar la oferta de servicios de cuidado en horario nocturno es vital para adaptarla a las oportunidades de empleos disponibles para trabajadores poco calificados —sin distingo de sexo—.
Pero aún más primordial es cambiar el paradigma de atención para la infancia temprana: más que guarderías donde las madres puedan dejar a sus hijos mientras van a trabajar, debemos garantizar que el 100 % de los niños de entre 0 y 6 años de edad tengan acceso a servicios de atención con un enfoque de desarrollo cognitivo y no solo de vigilancia y nutrición, como prevalece en la actualidad.
La primera infancia es la etapa crucial en la formación de los menores, y de ello dependerá su futuro éxito académico y profesional. Las habilidades de lectoescritura deberían desarrollarse en esta fase para evitar las carencias al ingresar a primaria, que muchas veces arrastran hasta segundo grado y más allá.
Según el informe de la OCDE sobre las políticas nacionales de educación en Costa Rica, el papel de la atención y educación de la primera infancia (AEPI) “para igualar las condiciones para todos los niños de las familias menos favorecidas es particularmente crucial”. Este, sin embargo, “sigue siendo el sector más subdesarrollado del sistema educativo de Costa Rica comparado con países de la OCDE y otras naciones emergentes de Latinoamérica”.
A pesar de que la cobertura de la educación preescolar ha crecido significativamente en los últimos dos años, desde que se decretó la obligatoriedad para ingresar a la primaria, estamos lejos de alcanzar la universalización. Tan solo alcanza a los niños de 5 y 6 años. Muy pocos menores de 4 años tienen acceso a centros de atención u otras formas de asistencia pública, agrega la OCDE.
Descuido de áreas vitales. El informe de la OCDE es demoledor. Los servicios disponibles en Costa Rica para la primera infancia “se enfocan principalmente en salud y nutrición, y no dan una atención adecuada para promover las habilidades cognitivas, de lenguaje, emocionales y sociales esenciales que los niños requieren para desarrollarse durante sus primeros años de vida. Los niños de familias pobres que muy probablemente se enfrentan a un ambiente de débil aprendizaje en casa son los que tienen menos posibilidades de acceder a los servicios públicos. Esto los coloca en una posición desventajosa cuando inician la escuela; también impide a sus madres trabajar y ayudar a sus familias para sacarlas de la pobreza”, advierte la organización a la cual el país pretende ingresar.
Lo anterior nos devuelve al principio: para mejorar la empleabilidad de la mujer, es necesario ampliar la AEPI. Si lo hacemos bien, enfocando la atención no solo en el cuidado y la nutrición, sino también aprovechando los recursos, personal e infraestructura para desarrollar las habilidades cognitivas de los menores, romperemos el círculo vicioso de fracaso escolar y pobreza. En otras palabras: daremos un gran paso en ofrecer a los ciudadanos una verdadera igualdad de oportunidades, brindando a los menores las herramientas necesarias para que puedan aprovecharlas.
En este sentido, concluye el informe de la OCDE, “la medida más eficaz que Costa Rica puede adoptar para poner un alto a la creciente desigualdad y dar a cada niño una oportunidad justa de tener éxito en cuanto a aprendizaje y vida es priorizar la expansión de una AEPI de calidad, concentrándose en las poblaciones menos favorecidas”.
Esto conlleva sostener una discusión sensata acerca de cómo financiar la universalización de la AEPI, lo cual nos forzará a enfrentar uno de los temas tabúes de nuestra sociedad: la correcta distribución de los recursos para la educación pública entre los diferentes niveles. Con el 8 % del PIB destinado a la educación —muy por encima del promedio de los países miembros de la OCDE— más los recursos asignados a la Red de Cuido infantil y a los CEN-Cinái, dinero hay de sobra. Pero debe ser repartido mejor.
De hecho, en el Estudio Económico sobre Costa Rica para el 2018, la OCDE afirma que “para mejorar aún más los resultados y la equidad, la distribución del gasto debería rebalancearse desde la educación terciaria hacia la educación y el cuidado en la primera infancia y la educación secundaria (en las cuales hay presiones demográficas crecientes y una necesidad por aumentar la cobertura)”. Son palabras mayores.
El autor es economista.
