EscucharDe todos los eufemismos utilizados por la burocracia para esconder la realidad, el que más me enferma es “tenemos oportunidades de mejora”.
Toda actividad humana, imperfecta por naturaleza, es susceptible de mejora. Pero, en la mayoría de las ocasiones, cuando un burócrata repite hasta el cansancio que hay “oportunidades de mejora”, en realidad quiere decir que el desastre es tal que no tiene idea de qué hacer.
El Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) fue creado para llevar servicios de telefonía e Internet a hogares y comunidades donde no es viable desarrollarlos comercialmente, con el fin de combatir la pobreza y la exclusión social, y mejorar las oportunidades de educación y empleo.
El fondo nació con $195 millones, provenientes de la venta de frecuencias a Claro y Movistar cuando se abrió el mercado de las telecomunicaciones, hace ya diez años. Recibe, además, el canon que pagan todos los años los 164 operadores de telefonía e Internet del país, por lo cual acumula, a la fecha, cerca de $325 millones.
El problema es, precisamente, que el fondo crece y crece, no porque así haya sido diseñado, sino porque los programas para reducir la brecha digital no se desarrollan oportunamente. Múltiples informes de la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) lo han venido señalando desde hace varios años, sin que haya una mejora.
Por toda respuesta, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), a la cual está adscrito Fonatel, diseñó un infográfico —disponible en su sitio web— en el que asegura haber alcanzado un cumplimiento de metas del 94,5 % al 30 de setiembre del presente año. Dicha afirmación choca de frente con la realidad descrita en un informe técnico del Micitt, emitido el 28 de agosto recién pasado.
Subejecución crónica. En un reportaje el 15 de octubre, La Nación reveló que, a lo largo de una década, Fonatel solo ha logrado invertir el 10 % de los recursos bajo su administración. Invertido, por cierto, en proyectos para la reducción de la brecha digital. En los siguientes párrafos se entenderá por qué es necesaria esta aclaración.
El Programa Comunidades Conectadas, diseñado para universalizar el acceso a los servicios de telecomunicaciones en 183 distritos donde no resulta rentable hacerlo comercialmente, debió tener conectados 134 de ellos en el 2017, pero solo logró 72, y en todo el 2018 no agregó ninguno más. El nivel de cumplimiento, según el informe del Micitt, es de apenas un 39 % a agosto del 2019.
Otro programa con un “atraso crítico” —eufemismo encontrado en el propio informe ministerial— es el de la Red de Banda Ancha Solidaria (para comunidades y centros de servicios públicos en zonas alejadas). De acuerdo con el Micitt, dos años después de lanzado, el programa ha avanzado un 0 %. Sutel dice, en su sitio web, que “está lista para empezar los estudios de factibilidad”. ¡Dos años después!
La Sutel, como se puede ver, es parte del dolor de cabeza. Los citados informes de la Contraloría y del Micitt pintan el triste panorama de una entidad carente de rumbo, que esconde información, o la presenta con vacíos e inconsistencias injustificadas e imperdonables. Así, por ejemplo, a agosto pasado, cuando el Micitt emitió su informe, la Superintendencia no le había remitido sus estados financieros auditados del 2018. Ello impidió al Ministerio determinar si Fonatel cumplió la regla de que su estructura financiera no supere el 1 % del patrimonio del fondo.
Lo anterior llevó al ministro de Ciencia y Tecnología, Luis Adrián Salazar Solís, a rechazar la petición de la Sutel de incrementar en un 12 % el canon que pagarían el próximo año los operadores. A pesar de tener más de ¢1.300 millones subejecutados, la Superintendencia quería hacer crecer su presupuesto a expensas de los regulados.
Salazar merece reconocimiento por haber tenido la valentía de parar la danza de los millones de Sutel y denunciar la inoperancia de Fonatel. Por diseño legal, esas entidades son independientes del Micitt, por lo que el ministro no puede hacer más que eso; su única palanca es la potestad de aprobar o rechazar las solicitudes de ajuste del canon.
Sutel mintió. Como para echar sal en la herida, en un intento por ocultar su inoperancia, la Superintendencia mintió a la Sala IV. Como lo consignó La Nación en otro reportaje, en el 2016, la Junta de Educación de la Escuela de Chorreras —comunidad ubicada a orillas del río San Juan— presentó un recurso de amparo contra la Sutel, argumentando que su comunidad había quedado excluida del proyecto que debía llevar Internet y telefonía celular a su región.
En la resolución 16-002463-0007-CO, la Sala Constitucional dio por válido el informe rendido bajo juramento por el entonces presidente del Consejo Directivo de la Sutel, Manuel Emilio Ruiz, quien afirmó que los servicios que se le iban a proporcionar a la escuela dependían de la torre RU1307, terminada y entregada por el contratista, y que esta estaba ubicada a 350 metros del centro educativo. Con dicha información, los magistrados declararon sin lugar el recurso interpuesto por la comunidad.
La torre RU1307 no existía y no existe aún. Así lo constató la Defensoría de los Habitantes en agosto del 2016, cinco meses después de la resolución de la Sala IV. Lo reiteraron en agosto del presente año el presidente de la Junta de Educación y el director de esa escuela unidocente, al denunciar que sus alumnos iban a recibir computadoras de la Fundación Omar Dengo, pero no podrían aprovechar todo su potencial por no contar con servicio de Internet.
Inoperancia del ICE. Según informó La Nación el 1.° de noviembre, la mayoría de los contratos para conectar Internet a las poblaciones más vulnerables están a cargo del ICE. Hasta abril del año pasado, los 18 contratos del Proyecto Comunidades Conectadas adjudicados al Instituto presentaban problemas de ejecución. Los restantes 8 registran un avance adecuado.
Debido a los reiterados incumplimientos y atrasos del ICE, el ministro Salazar instó a la Sutel a valorar el cumplimiento de "las soluciones contractuales que correspondan”. Para el buen entendedor, se refiere al cobro de multas, ejecución de garantías y, eventualmente, la resolución contractual.
Excusas ridículas. Para sorpresa de nadie, en una entrevista publicada el 10 de noviembre, Humberto Pineda, director ejecutivo de Fonatel desde el 2012, dijo que “se ha detectado que el ICE presenta oportunidades de mejora”, pero que más allá de multar a los operadores lo que necesitan “es el resultado”. No multar al contratista que incumple es quedarse sin el santo y sin la limosna por decisión propia.
Por si fuera poco, Pineda sostuvo que el fondo “se hizo para que tuviera una cantidad importante de recursos y eso no es pecado”. Este tipo de razonamientos no es exclusivo de Pineda. Cuando en setiembre del 2016 la Contraloría emitió un informe en el cual reveló que tan solo un 3 % de los recursos presupuestados por Fonatel para gastar en ese año habían sido ejecutados, la reacción de Manuel Emilio Ruiz —el mismo que afirmó bajo juramento que la torre RU1307 existía en Chorreras— fue rechazar los argumentos del órgano contralor y alegó que el “100 % de los recursos” estaban “debidamente invertidos”.
Los recursos no ejecutados de Fonatel están invertidos en bonos de Hacienda, no en proyectos de telecomunicaciones. Habría que explicar a ambos funcionarios que acumular dinero en un fondo no hace nada por disminuir la brecha digital y que, si ese dinero no se utiliza adecuadamente, el fondo no sirve para nada más que sostener una estructura burocrática.
Simultáneamente, Manuel Emilio aplaudió el demoledor informe de la Contraloría, puesto que “concluye ‘contundentemente’ que hay un cumplimiento razonable del marco normativo”. Alegrarse, con esta excusa tan sui generis, cuando su ejecución presupuestaria es de apenas un 3 %, es lo mismo que decir que como no hicieron nada, no tuvieron oportunidad de brincarse los procedimientos.
La gestión de los proyectos de Fonatel recayó en un fideicomiso con el Banco Nacional. Un reportaje más antiguo de La Nación, del 28 de setiembre del 2016, reveló que el costo de la Unidad Ejecutora del fideicomiso era, en aquel momento, $1,2 millones mensuales. No es difícil suponer que las partidas de remuneraciones —de dicha Unidad, de Fonatel y de la Sutel— sí logran una ejecución cercana al 100 %.
A nadie debe extrañar, por tanto, que Pineda se preguntara, en la entrevista citada, si Fonatel tiene “oportunidades de mejora” y se respondiera con un rotundo sí. Y que con eso pretendiera poner un velo sobre la inoperancia del fondo que dirige, la opacidad de la Sutel y los incumplimientos del ICE. ¡Qué fácil!
El autor es economista.
