EscucharEs difícil reducir la deuda del Gobierno Central mientras no se apruebe la ley de empleo público y las exoneraciones. La ley de empleo público solventa un viejo problema en el sistema salarial y restringe las negociaciones de convenciones colectivas. Por tanto, debe cubrir a todos los poderes, fijar una escala salarial y eliminar abusos de toda índole.
La Sala Constitucional debe resolver de forma célere las consultas legislativas y el Congreso, amarrar los votos necesarios para cumplir los plazos fijados en el convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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El país no puede seguir pagando salarios de hasta ¢14 millones a profesores universitarios, ni pensiones millonarias, ni vacaciones de 45 días, ni prestaciones de 12 salarios, ni las decenas de prebendas que son de conocimiento público.
La Sala eliminó algunos pluses en 34 instituciones, pero quedan otras en la lista. Aprobar la ley es clave para infundir confianza al sector productivo, bancos, organismos internacionales e inversionistas.
Los aproximadamente 260 pluses salariales existentes causan diferencias de hasta un 600 % dentro del mismo Gobierno. El proyecto es un paso necesario a mediano plazo junto con los nuevos impuestos de renta global, el aporte de las empresas estatales al pago de la deuda pública y el gravamen al salario escolar y las casas de lujo. La reforma ahorrará el 1,04 % del PIB, en promedio, durante los 10 primeros años.
En los últimos 13 años el gasto público aumentó debido a deudas contraídas sin medir el riesgo cambiario, los refinanciamientos y las tasas de interés. Es preocupante que el 80 % de las instituciones no tengan una estrategia de endeudamiento, ni cuenten con un análisis de riesgo.
El marco normativo en materia de endeudamiento es muy fragmentado, lo que ha producido un incremento del costo. Hay que reestructurarlo, centralizar el control, cumplir las normas NICSP-NIIF, promocionar el cumplimiento de la regla fiscal, analizar riesgos, monitorear la solvencia y liquidez para lo cual debemos promulgar una ley marco y exigir control al Banco Central, al Ministerio de Planificación y a Hacienda.
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Es necesario consolidar los instrumentos de deuda pública, como fideicomisos, avales, crédito a proveedores y préstamos. Entre el 2009 y el 2020 el endeudamiento creció cerca del 14 %. En el 2009, la deuda del Gobierno Central equivalía al 26 % del PIB y en el 2020 cerró en un 67 %.
Las empresas estatales no financieras pasaron del 5,5 % al 9,5 % del PIB y los gobiernos locales del 0,1 al 0,2 % del PIB. Este año la deuda del Gobierno volvió a crecer y se situó en un 72 % del PIB.
Si bien es cierto que los ingresos crecieron un 2,7 %, los gastos totales apenas cayeron un 0,2 %. El déficit previsto es de un 4 %. Casi una tercera parte de los gastos se financian con crédito.
Se calcula que si los proyectos fiscales son aprobados, el punto de inflexión se alcanzará en el 2023.
El costo de la deuda pasó de representar un 3,9 % del PIB en el 2015 a un 4,3 % en el 2021.
No cabe duda de que es urgente una estrategia de endeudamiento, en forma integral y con evaluación de riesgos, rendición de cuentas, conciliaciones y transparencia. Los gobiernos locales precisan control y rendición de cuentas.
Las necesidades de financiamiento para el 2022 alcanzarán el 11,3 % del PIB, para lo cual será necesaria una mayor captación en el mercado interno y externo, mercado financiero que se verá afectado por un aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, donde la Fed pretende controlar la expansión de circulante y la inflación.
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Es posible que los inversionistas sean más cuidadosos y busquen opciones que les provean mejores rendimientos.
Para lograr la estabilidad financiera el año próximo, será necesario el cumplimiento de la agenda negociada con el FMI, la aplicación estricta de la regla fiscal, un acuerdo con los partidos políticos y un resultado electoral que dé tranquilidad a los inversionistas.
No se puede poner en riesgo la estabilidad financiera porque el impacto recae sobre la población más vulnerable. Tenemos que hacer cambios para que los gastos corrientes no sigan creciendo, lo que nos exige disciplina y readecuación de la deuda.
En los próximos cuatro años, el Gobierno Central deberá afrontar vencimientos por $15.700 millones. Seguir la fiesta y no constreñir el gasto es la vía para la debacle.
Eximir de la regla fiscal a las instituciones empeorará nuestra calificación crediticia. La ley de empleo público —el proyecto más relevante para sanear las finanzas del Estado— debe aprobarse antes de las elecciones. De lo contrario, nadie va a creer en Costa Rica y difícilmente saldremos del hueco donde nos hallamos.
El autor es ingeniero.
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Los aproximadamente 260 pluses salariales existentes causan diferencias de hasta un 600 % dentro del mismo Gobierno. (Shutterstock)
