La preocupación por los aumentos de precios de la electricidad y combustibles ha hecho que la discusión sobre los costos de energía en el país empiece a calentar. Dichos aumentos han tenido efectos muy negativos sobre el bolsillo de los costarricenses y la competitividad de las empresas. A pesar de que el Gobierno había prometido bajar los costos de energía, la Aresep, más bien, aprobó aumentos para las próximas semanas.
El Gobierno le pidió a la Aresep que explicara la metodología utilizada para hacer los aumentos de combustibles. Una solicitud con aires de reclamo, como echándole la culpa a la Aresep por los aumentos. Pero esta se sacudió y le devolvió la pelota al Gobierno.
En términos generales, la Aresep contestó diciendo que, para revisar las tarifas de los combustibles, al igual que sucede con todos los servicios públicos, lo que se hace es medir los costos de cada institución. En el caso de Recope, se calcula lo que cuesta importar el combustible, cuánto es el costo operativo y el de distribución, más los impuestos. De manera que, si se quiere bajar el precio de los combustibles, Aresep le sugiere al Gobierno que le exija a Recope reducir sus costos de operación o sacrificar parte de los impuestos que recaen sobre los combustibles. Lo último es impensable para un Gobierno que tiene un gran déficit, y que, más bien, está viendo cómo hace para rascarle aún más el bolsillo a los costarricenses.
Me parece que la respuesta de Aresep, si bien lleva la razón legal, se queda corta. No aprovecha la oportunidad para poner sobre la palestra de discusión los principios generales sobre los que se fijan las tarifas de servicios públicos. Estos se basan en que las instituciones públicas no pueden tener pérdidas. Eso significa que las tarifas se deben fijar según los costos. Si bien así está en la ley, y tiene su lógica, se presta para que las instituciones no tengan ningún incentivo para mejorar la eficiencia con la que operan.
Algo no está funcionando bien en el sistema de revisión de tarifas. Si las empresas que brindan servicios públicos pueden bajar costos cuando son presionados por el Gobierno, entonces ¿cuáles son sus costos reales? ¿Los que presentaron las instituciones a la Aresep para que esta aprobara los aumentos, o los que deberían haber presentado, si hubieran hecho el ejercicio de revisión exhaustiva de costos? ¿Está haciendo bien su labor la Aresep al evaluar si los gastos, formas de financiamiento o alquileres operativos son los de más bajo costo posible? ¿Cómo se sabe si los sistemas de compras o de licitación de inversiones son los óptimos?
Es muy difícil contestar esas preguntas cuando se opera bajo un régimen de monopolio. Sin competencia, no hay prisa para buscar eficiencias y bajar precios.
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