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El resultado de la negociación entre la administración Alvarado y el Fondo Monetario Internacional (FMI) marcará el rumbo de la economía en el 2021 y los años venideros.
El problema de flujo de caja, a cortísimo plazo, podría ahogar al gobierno. Cada día le cuesta más conseguir quién le preste dinero. Acudir al Fondo es como el último salvavidas en un barco que se hunde.
El problema actual refleja lo que, como país, hemos hecho durante muchos años. Hemos venido gastando mucho más allá de nuestras capacidades. Hemos permitido que pequeños grupos festinen los impuestos mientras los demás trabajan el doble para pagarlos.
De ahí que el ejercicio de negociación con el Fondo no se trate de simplemente poner un maquillaje para tapar temporalmente nuestras deficiencias. El objetivo no debe ser regresar a la situación prepandemia: crecimiento bajo, desempleo inaceptablemente alto y finanzas públicas sumamente frágiles.
Para salir de la mediocridad, se necesita una transformación radical del sector público: enfocarlo hacia la eficiencia y la calidad de los servicios, evaluando la función de cada empleado según esos criterios; analizar todas las instituciones públicas según su pertinencia y eficiencia en el uso de recursos, con el objetivo de transformarlas; y cambiar el sistema tributario por uno más simple, menos «evadible» y menos distorsionante. Al mismo tiempo, promover la productividad en el sector privado a través de más competencia, menos proteccionismo y quitándole tanta traba burocrática.
Esos cambios no son fáciles de implementar porque tocan muchos intereses, y será aún más difícil en un año electoral. Pero si queremos salir de la crisis de manera sostenible en el tiempo —no solo de aquí a las elecciones—, habrá que tomar medidas dolorosas para algunos.
El acceso al FMI es una manera de ejecutar las reformas estructurales con menos dolor. Ayuda a proveer parte de los recursos requeridos a muy corto plazo, pero también abre las puertas para que otros organismos e inversionistas nos presten dinero, y, con ello, ganar tiempo para que los efectos positivos de las reformas tapen los efectos negativos a corto plazo. No hacer los cambios estructurales significaría quedarse sin acceso a financiamiento, ni del Fondo ni de nadie, y experimentar una crisis muy dolorosa para todos.
El autor es economista.
