Pero el problema del congestionamiento judicial antecede y excede la coyuntura, es estructural. Alguien lo ilustraba con la imagen de una piscina, a la que por un lado le entra tanta agua como por otro le sale: si el sistema funciona aceptablemente, el nivel del agua será siempre el mismo y el líquido no se derramará. La afluencia cada vez mayor de nuevos asuntos y las dificultades para despacharlos, en tiempo razonable, acumula circulante hasta extremos de colapso.
El asunto es grave para la gobernanza democrática, porque atrae malestar y descrédito sobre una pieza angular: el aparato judicial. La justicia demorada no es justicia, repetía un miembro de la Corte Suprema. Pero tampoco lo es algo que se le parece pero que no es lo mismo: me refiero a la justicia superflua, que es una modalidad de justicia inocua, carente de efectos o consecuencias reales y tangibles, en la esfera de derechos e intereses de sus destinatarios.
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A manera de ejemplo, un ciudadano interpuso un recurso de amparo acusando lesión de su derecho a la justicia, debido a que el proceso penal que se le sigue ha durado más de 20 años. El tribunal constató el hecho y lo declaró groseramente lesivo de derechos del recurrente, cosa tanto más grave por afectar a un adulto mayor e incluso, reparó en que tal como están las cosas, el asunto puede prolongarse por más de 30 años. El recurrente ha vivido gran parte de su vida como imputado y es posible que esta condición le acompañe el resto de sus días, sin que se dilucide jamás.
El recurso se declaró con lugar pura y simplemente; materialmente, la sentencia no restableció los derechos del imputado, no modifica su estatus ni repercute en la dinámica o la suerte del proceso penal. La mora a lo sumo puede producir sonrojo. Aunque dictada por un tribunal de derechos humanos, es una declaración banal.
carguedasr@dpilegal.com
Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.
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