EscucharLOS ÁNGELES – Uno de los mitos más difundidos en relación con Estados Unidos es que el gobierno federal nunca dejó de pagar sus deudas. Cada vez que se debate en el Congreso subir el límite al endeudamiento, los políticos y los periodistas desempolvan el viejo lugar común de que Estados Unidos no estafa a sus acreedores.
Pero hay un problemita: no es verdad. Hace ya varias décadas, hubo un caso en el que Estados Unidos actuó más como una “republiqueta bananera” que como una economía avanzada y reestructuró deudas en forma unilateral y retroactiva. Y aunque pocos recuerdan este período crítico de la historia económica, contiene valiosas enseñanzas para las dirigencias actuales.
En abril de 1933, con el objetivo de ayudar a Estados Unidos a salir de la Gran Depresión, el presidente Franklin Delano Roosevelt (FDR) anunció un plan para excluir a Estados Unidos del patrón oro y devaluar el dólar. Pero no iba a ser tan fácil como calculó FDR. En aquel tiempo la mayoría de los contratos de deuda incluían una “cláusula del oro”, que obligaba al deudor a pagar en “moneda de oro” o su “equivalente”. Estas cláusulas se introdujeron durante la Guerra Civil como un modo de proteger a los inversores contra una posible disparada inflacionaria.
Pero la cláusula del oro era un obstáculo a la devaluación prevista por FDR. Si se devaluaba la moneda sin resolver la cuestión contractual, el valor en dólares de las deudas aumentaría automáticamente para compensar la caída del tipo de cambio; esto causaría quiebras generalizadas y enormes aumentos de la deuda pública.
Para resolver el problema, el 5 de junio de 1933 el Congreso aprobó una resolución conjunta que anuló la cláusula del oro en todos los contratos pasados y futuros. Eso hizo posible que hubiera devaluación (y un conflicto político). Los republicanos deploraron que se pusiera en riesgo la reputación del país, mientras el gobierno de Roosevelt sostenía que la resolución no equivalía a una “anulación de contratos”.
El 30 de enero de 1934, se produjo la devaluación oficial del dólar. El oro pasó de valer $20,67 por onza (precio vigente desde 1834) a $35 por onza. Previsiblemente, los poseedores de valores protegidos por la cláusula del oro sostuvieron que la derogación era inconstitucional. Se entablaron demandas, y cuatro de ellas llegaron hasta la Suprema Corte. En enero de 1935, los miembros de la Corte trataron dos casos referidos a deudas privadas y otros dos relacionados con obligaciones del gobierno.
La cuestión subyacente en cada caso era en esencia la misma: ¿Tenía el Congreso autoridad para modificar contratos en forma retroactiva?
El 18 de febrero de 1935, la Suprema Corte anunció los veredictos. En los cuatro casos los jueces fallaron por 5 a 4 en favor del gobierno y contra los inversores que buscaban compensación. Según el fallo por mayoría, el gobierno de Roosevelt podía invocar una “necesidad” como justificación para anular contratos, si eso ayudaba a liberar la economía de la Gran Depresión.
El juez James Clark McReynolds, abogado sureño que había sido fiscal general de los Estados Unidos durante la primera presidencia de Woodrow Wilson, redactó el dictamen disidente (uno solo para los cuatro casos). En una breve alocución se refirió a la santidad de los contratos, las obligaciones del gobierno y la anulación contractual disfrazada de ley, y terminó su presentación con duras palabras: “Vergüenza y humillación nos aguardan. Es enteramente previsible que habrá caos moral y financiero”.
La mayoría de los estadounidenses olvidaron este episodio; la amnesia colectiva echó un manto de olvido sobre un hecho que contradice la imagen de un país gobernado por el Estado de derecho, en el que los contratos son sagrados.
Pero los buenos juristas todavía se acuerdan; los abogados invocan el fallo de 1935 cada vez que defienden a países en cese de pagos (como Venezuela). Y es posible que veamos reaparecer el argumento con más frecuencia conforme aumente el número de gobiernos enfrentados a nuevos peligros financieros (por ejemplo, los pasivos no financiados correspondientes a pensiones y salud pública).
Según cálculos recientes, los pasivos no financiados del gobierno de los Estados Unidos ya alcanzan un asombroso 260 % del PIB, y eso sin contar la deuda federal convencional y los pasivos no financiados de los gobiernos estatales y locales. Tampoco es un problema exclusivo de Estados Unidos; en muchos países, las obligaciones de los sistemas de salud y pensiones están en aumento a la par que disminuye la capacidad de cubrirlas.
LEA MÁS: La fragilidad invisible de Argentina
De modo que la gran pregunta es si habrá nuevos casos de gobiernos que invoquen el argumento legal de la “necesidad” para ajustar contratos retroactivamente. La derogación en 1933 de la cláusula del oro ofrece abundantes razones legales y económicas para considerar que es posible. La Suprema Corte de los Estados Unidos ya coincidió una vez con el argumento de la “necesidad”. No es tan aventurado pensar que puede suceder otra vez.
Sebastián Edwards es profesor de Economía Internacional en la Universidad de California en Los Ángeles. Su libro más reciente se titula ‘American Default: The Untold Story of FDR, the Supreme Court, and the Battle over Gold’. © Project Syndicate 1995–2018
