Abril Gordienko. 17 julio

La diputada Floria Segreda del Partido Restauración Nacional salió del anonimato en que pasan el cuatrienio la mayoría de los diputados para sentar un precedente fundamental: denunciar a un compañero de fracción por acoso político.

En un audio que le envió, el diputado Melvin Núñez declara amar a la legisladora “porque es una señora que le merece respeto”, pero añade que “le tocó a usted pagar ese precio para que no lo vuelva a hacer” (el precio fue la intimidación). Doña Floria lo perdonó, aunque no ha retirado la denuncia por el delito de amenazas contra un funcionario público. Si bien ese tipo legal no es el idóneo para este caso, es lo que procede mientras no tengamos una ley para proteger a las mujeres de esta violencia.

En el mismo audio, Núñez se refiere a la presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, en términos peyorativos y dice que ella sabe “que se tiene que cuidar porque yo no dejo las cosas para después”. Hidalgo también interpuso una denuncia contra él.

Las mujeres no solo luchan por la equidad en los cargos de elección, el desequilibrio en las responsabilidades familiares y del hogar impone sobre ellas una pesada carga adicional

Poder. La violencia política es una de las múltiples vetas de la violencia de género. Es una de las formas en que los hombres intentan ejercer poder sobre las mujeres. Según la ONU, este comportamiento tiene la doble finalidad de “castigar a las mujeres por intentar ocupar un espacio de hombres y restringir su participación”. La ONU define acoso político como el “acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento, amenazas, cometidos por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función política o pública o en contra de sus familias, con el propósito de acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos”. Se le llama violencia política cuando se pasa de la intimidación a la acción.

Exigencias dispares. Según las circunstancias, el acoso y la violencia toman distintas formas: mayor exigencia que a sus pares hombres, mal uso o desviación del presupuesto partidario dirigido a capacitación de mujeres, retenciones de pagos, agresiones y amenazas durante las campañas, reemplazos arbitrarios, asignación de tareas no acordes con su jerarquía o su capacidad, posicionamiento en comisiones parlamentarias de menor relevancia, menosprecio o desestimación de proyectos presentados por legisladoras, presión para las mujeres que alcancen cargos renuncien a favor de suplentes masculinos (en México son llamadas las “juanitas”), ocultamiento de información para perjudicar su desempeño, trato discriminatorio de los medios de comunicación, etc. Prácticas como las citadas han sido documentadas en países latinoamericanos, incluido Costa Rica.

Las mujeres no solo luchan por la equidad en los cargos de elección, el desequilibrio en las responsabilidades familiares y del hogar impone sobre ellas una pesada carga adicional. En nuestro país una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del 2017 reporta que las mujeres dedican a la semana 22 horas más que los hombres a labores en el hogar. Muchas también sufren difamación, descalificación y censura por parte de otras mujeres por “descuidar a sus familias”.

Las dificultades empiezan desde que intentan ser parte de una papeleta; en esa primera fase de selección de candidaturas enfrentan obstáculos como los estereotipos que las consideran menos competitivas y calificadas (a pesar de suficientes estudios que demuestran que las candidatas son tan viables y exitosas como los candidatos), acceso desigual a posiciones de poder y dirección dentro de los partidos y prácticas de reclutamiento que subestiman el talento femenino. Luego vienen los obstáculos para mantenerse y ejercer su cargo con efectividad.

Panorama mundial. Un estudio publicado en el 2016 por la Unión Interparlamentaria (IPU, por sus siglas en inglés) sobre sexismo, acoso y violencia contra las mujeres parlamentarias, mostró que esas conductas se dan a nivel global y erosionan la participación democrática. Las legisladoras entrevistadas pertenecían a 39 países de cinco regiones del mundo; 81,8 % reportaron haber sufrido alguna forma de violencia psicológica y 44 % dijeron haber recibido amenazas de golpes, muerte, violación y secuestro a ellas o a sus hijos. También, un 65,5 % dijo haber recibido insultos sexistas, 20 % sufrió acoso sexual y 7,3 % reportó que fueron víctimas de intento de violación. Otro 20 % de las entrevistadas experimentaron alguna forma de agresión física como bofetadas, empujones y golpes y 12,7 % de ellas fueron amenazadas con algún tipo de arma. La nota esperanzadora del estudio es que el 80 % de las mujeres que reportaron algún tipo de agresión decidieron continuar en sus cargos y buscar la reelección cuando aplicaba.

Situación local. Costa Rica ha logrado hitos fundamentales en la participación política femenina. Tras cerca de 30 años de lucha incesante de diversos sectores, la mitad del gabinete presidencial y el 46 % del Congreso estná conformados por mujeres, en la Presidencia legislativa hay una mujer y el Directorio tiene mayoría femenina. Lastimosamente, en los gobiernos locales los números no son tan felices: solo 12,3 % de las alcaldías están en manos femeninas. Es decir, no podemos dar por hecho que la equidad se arraigó de forma irreversible ni que los actores políticos erradicaron las prácticas sexistas, discriminatorias y agresivas.

Nuestro país suscribió la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) que prevé la aprobación de leyes y reformas institucionales para prevenir y erradicar la violencia política. Hasta el momento solo Bolivia emitió la ley.

En los últimos 2 cuatrienios, dos diputadas han presentado sendos proyectos de ley en esa materia (20.308 y 18.719) que prevén sanciones penales, penas alternativas, inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y sanciones políticas como la pérdida de credenciales. Esto confirma lo dicho por reconocidas investigadoras como Kunovich y Paxton sobre el rol crucial de las mujeres que son parte de las élites políticas en propiciar que otras ingresen y se mantengan en la política.

Apoyo. Pero las soluciones no son solo legales. Para alcanzar y permanecer en posiciones de poder sin riesgo a su integridad y en igualdad de condiciones, las mujeres requieren apoyo de sus parejas y familiares, de sus partidos y organizaciones, del Estado y de todas las estructuras sociales. Es esperable que conforme más mujeres se incorporen a cargos de decisión, las políticas públicas y la cultura propiciarán una sociedad más igualitaria. Viceversa, cuanto más igualitaria es una sociedad en las esferas públicas y en las privadas, aumentan las probabilidades de participación política femenina y se fortalece la democracia.

Abril Gordienko es activista cívica.