La pandemia de covid-19 ha creado un laboratorio para poner a prueba los diferentes sistemas de gobernanza de cara a una crisis de salud pública, y revela, en definitiva, una gigantesca variación en el desempeño de los países. Por ejemplo, en el este de Asia (China, Taiwán, Corea del Sur y Japón), tendieron a hacer un mejor trabajo a la hora de controlar la pandemia que en el continente americano y Europa.
Pero esos desenlaces no tienen que ver con gobiernos democráticos versus gobiernos autoritarios, como han dicho algunos. Entre los países que tuvieron un mejor desempeño en el este de Asia hay Estados autoritarios, así como democracias consolidadas y vibrantes.
Tampoco la diferencia se debe completamente a los recursos económicos o a la experiencia en salud pública, si consideramos que naciones más pobres, como Vietnam, han tenido un mejor desempeño que muchos países ricos.
¿Qué hay detrás, entonces, de la divergencia en los resultados? Si bien la explicación es sin duda compleja, tres factores esenciales destacan desde una perspectiva de gobernanza: capacidad estatal, confianza social y liderazgo político.
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Sistemas de salud y confianza. Es posible que la capacidad estatal resulte obvia, pero de todos modos es fundamental. Un país sin un sistema de salud pública sólido se tambaleará en una pandemia. Este factor dio a los países del este de Asia una gran ventaja.
La capacidad estatal, sin embargo, no es toda la historia. En Brasil, donde el sector sanitario ha hecho enormes progresos en los últimos años, la capacidad adecuada no fue condición suficiente para prevenir una crisis más profunda.
El segundo factor, la confianza social, funciona en dos dimensiones. Una población debe confiar en su gobierno; de lo contrario, el cumplimiento de mandatos costosos, pero necesarios, como los confinamientos, será poco.
Desafortunadamente, esta «confianza institucional» ha venido declinando en los últimos diez años en América Latina y el Caribe. Lo mismo ha sucedido con la confianza entre los ciudadanos, la segunda dimensión de la confianza social.
En muchos países durante la pandemia la poca confianza social ha interactuado con la elevada polarización para producir consecuencias devastadoras.
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Líderes y ciudadanía. El tercer factor es el liderazgo político. En el contexto de una emergencia pública, quienes están en la cima de las instituciones estatales tienen poder para emprender una acción decisiva. Quiénes son estas personas y qué incentivos enfrentan marca una gran diferencia a la hora de determinar la eficacia de sus acciones.
Algunos líderes políticos vieron la pandemia, en gran medida, como una amenaza para sus propios destinos políticos y tomaron medidas en consecuencia. Otros se tomaron en serio su papel de guardianes del interés público.
Los resultados de estos diferentes cálculos políticos se ven reflejados tanto en la eficacia como en la sustentabilidad de las respuestas nacionales a la pandemia.
El liderazgo político tiene lugar en muchos planos, pero sin una acción coordinada y cooperativa entre las jerarquías y los sectores del gobierno, la respuesta política general será menos eficaz.
Una capacidad estatal limitada, una baja confianza social y un liderazgo político deficiente son señales de advertencia de un deterioro democrático. A escala global, la pandemia demuestra que estamos enfrentando una recesión democrática, lo que revela los desafíos que se han venido gestando debajo de la superficie.
Podemos pensar en estos retos como las condiciones preexistentes que han hecho que los países sean más o menos vulnerables a la pandemia.
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Cimientos fracturados. Antes de la llegada de la covid-19, América Latina y el Caribe ya estaban asolados por un malestar social y una inestabilidad política que se manifestaban en protestas generalizadas y en un creciente populismo.
Los cimientos fracturados de la región reflejan un fenómeno al que se suele definir como «decadencia política». Cuando un sistema político existente no satisface las demandas de una población cuyas expectativas han venido creciendo gracias a logros económicos y sociales positivos, finalmente termina perdiendo legitimidad y se hunde en la inestabilidad.
Después de un período sostenido de crecimiento económico, la nueva clase media de América Latina encuentra cada vez más que sus expectativas no se cumplen, y las consecuencias están saliendo a plena luz.
La frustración por persistentes altos índices de desigualdad y corrupción ha alimentado un creciente resentimiento hacia las élites que, según se percibe, usan la política para enriquecimiento propio.
No hay una solución fácil para este problema de gobernanza. Invertir en capacidad estatal y fortalecer la confianza social suele llevar mucho tiempo y exigir un buen liderazgo político.
De todas formas, en los países que están experimentando un círculo vicioso de gobernanza inefectiva frente a la pandemia, los líderes políticos pueden emprender una acción constructiva en tres áreas relacionadas.
La primera, y más inmediata, es la política pública. No es demasiado tarde para mejorar o expandir las medidas destinadas a lidiar con las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la pandemia.
Segundo, y en términos más amplios, los países de América Latina y el Caribe deben reconsiderar las «reglas del juego» subyacentes. Esto podría implicar ejecutar políticas fiscales de redistribución de ingresos, adoptar regulaciones para impedir una captura del mercado por unos pocos actores y crear mejores procedimientos para que las organizaciones de la sociedad civil participen en la creación de políticas y en la gobernanza.
Este es un proyecto mucho más largo, pero será esencial para crear los tipos de instituciones que serán necesarias para protegernos de la próxima pandemia.
Es esencial entender las coaliciones de actores que son fundamentales para efectuar estos cambios de manera democrática. El cambio requiere movilización política. A fin de cuentas, es la gente —es decir, todos nosotros— la que hace y sustenta las reglas y las políticas que hemos dado en llamar «instituciones».
Francis Fukuyama, socio sénior del Instituto Freeman Spogli de Estudios Internacionales de la Universidad de Stanford, es director del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Régimen de Derecho del FSI y de la maestría del Programa de Políticas Internacionales de Stanford.
Luis Felipe López Calva es administrador adjunto y director regional para América Latina y el Caribe en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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