La mano que mete los nombres

Resulta que el Concejo Municipal debería nombrar, por medio de ternas, a los miembros de juntas de educación y juntas administrativas de escuelas y colegios públicos del cantón, las cuales deciden cómo se gastan hasta ¢14.000 millones al año. Sin embargo, los regidores designan a dedo, y lo curioso es que ninguno sabe de dónde salen los nombres. Los proponentes no están en actas y su identidad es otro thriller.

Ocurrió con 61 nombramientos discrecionales hechos por el Concejo —para lo cual no tiene facultad—, y sucedió con 15 miembros de seis familias designados en 16 juntas, algo a todas luces ilegal y para lo cual tienen un pretexto: “Los regidores no conocen a toda la gente del cantón” y por eso era imposible saber parentescos entre papá, mamá, hijo, hermanos, tíos e hijastra.

Esa excusa no es de recibo ni para un niño de escuela, pues lo menos que se espera de cada regidor es que fiscalice y que, antes de votar, investigue y cuestione. Para eso tienen internet y asesores, para evitar que una mano mueva sus decisiones.

Lo transparente, después de tan sospechosos gazapos, es aclarar quiénes propusieron los nombres. La información no puede quedarse en que no se sabe, porque si en algo debe dar ejemplo la municipalidad más grande, es en la rendición de cuentas. Y aquí lo vital es llegar a la mano que escribió y movió a los regidores a aprobar.

Quien o quienes lo hicieron tenían un interés mayúsculo en dar poder a esos políticos o clanes familiares. Y eso es lo indignante. No está el país para permitir que familias, y menos políticos nombrados a dedo, metan mano en el dinero que tanto cuesta que llegue a escuelas y colegios públicos.

Al menos en la casa de Claire Bartel se supo quién mecía la cuna. Lo correcto en la Municipalidad es darle final a este thriller y conocer quién dictó y metió los nombres.

amayorga@nacion.com