La Costa Rica sin oportunidades

Las estadísticas no pueden ser más claras y tienen tres componentes: un desempleo de dos dígitos que nos ubica como el país con el peor desempeño en la generación de oportunidades laborales entre los miembros de la OCDE, una economía informal de casi el 50% y las cargas sociales más caras de ese exclusivo club. Esos datos son irrefutables y nos deben avergonzar a todos por igual.

Decir que es una crisis alarmante que amerita una declaratoria de emergencia nacional es poco, pues muchos de nuestros hermanos costarricenses —y extranjeros— no pueden encontrar trabajo. Reitero, no pueden encontrar trabajo. Pasan los años, no hay solución y nuestra indiferencia es inaceptable.

El desdén del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa por igual, y en especial el de nuestras autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, no deja de causar asombro. El problema debe ser abordado con soluciones pragmáticas, sin sesgos ideológicos, de manera pronta y oportuna, con una rendición de cuentas permanente, para crear el marco macroeconómico necesario para que el empleo y la informalidad comiencen a mostrar un cambio significativo de tendencia.

Entendamos primero las dos Costas Ricas. La primera mueve una gran parte de la economía y la creación de empleo de alta calidad. En esta la inversión extranjera directa sigue llegando a través de una clara política de atracción de inversiones, liderada por Cinde, Procomer y el Comex, y no alcanza el talento humano para satisfacer la demanda.

Las empresas que llegan al país, o las ya instaladas, no pueden contratar suficientemente rápido por la falta de talento con las competencias necesarias. Esto es personal con grados académicos universitarios, con una educación técnica o científica y que habla inglés.

Sobra la oferta de empleos y la receta es bastante clara. Y lo mejor de todo es que, en su gran mayoría, son empleos pagados muy por encima del salario mínimo, con el consecuente beneficio para el país y nuestra sociedad.

Crisis educativa

Una segunda Costa Rica tiene educación secundaria o inferior, no habla inglés y carga un enorme rezago educativo, acelerado durante la pandemia. Este grupo cayó en las garras del Ministerio de Educación Pública y sus gremios, cuya receta es también la misma desde hace décadas: no permiten la rendición de cuentas, protegen sus privilegios por encima de la excelencia académica y utilizan la huelga para salvaguardar sus intereses.

El nivel educativo, según el último informe del Estado de la Nación, viene en picada. En esta Costa Rica se encuentran nuestros compatriotas que no encuentran trabajo o se desempeñan en la economía informal. Sobran los recursos y no hay resultados. Estos datos son también irrefutables.

Concluir que el Ministerio de Educación Pública es un verdadero desastre no es nada difícil, ni que decir del sesgo ideológico que ha invadido sus estructuras. Entender la oferta y preparar su satisfacción parece una obvia manera de solucionar sus problemas, pero estamos en camino de la cuarta revolución industrial y el Ministerio de Educación Pública mantiene programas del siglo pasado.

Hay pocas excepciones, como el nivel de los colegios técnicos y científicos, pero la receta no se replica para proteger la falta de preparación de una gran cantidad de académicos.

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Lo irónico es que estos gremios siempre abogan por una mayor recaudación para financiar sus privilegios. ¿Apostar por una base educativa mejor preparada, que tenga opción de optar por mejores puestos remunerados por encima del salario mínimo que no paga impuestos, no tendría un efecto futuro en la recaudación? La insensatez al cuadrado.

Una solución

El Ministerio de Educación Pública requiere urgentes reformas y no hay tiempo que perder, pero el cambio estructural no tendrá efectos sino después de varias generaciones. No tendrá un impacto a corto plazo para solucionar el desempleo y la informalidad. Hay que actuar con prontitud, pero los resultados serán a largo plazo.

Sin embargo, hay dos posibles soluciones capaces de dar resultados a muy corto plazo. La primera es que haya progresividad en las cargas sociales. Todo el país habla de la conveniencia de una política tributaria progresiva y hay bastantes avances en esa materia. Pero ¿por qué no se habla de la progresividad de las cargas sociales?

No podemos pretender que alguien con educación secundaria o inferior pague las mismas cargas sociales que otro con educación superior o técnica, al igual que siempre se ha dicho que las empresas y personas con mayores ingresos deben pagar mayores tributos. Hay sectores deprimidos en los que el país ya no es competitivo.

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En esos sectores, necesitamos una reactivación económica para que puedan crear empleos y contratar con prontitud a nuestros hermanos desempleados que carecen de una buena educación.

Algunos ejemplos son el sector agrícola, la construcción y el comercio en general. Bajar las cargas sociales a esos sectores podría tener un impacto en el desempleo, pues los haría más competitivos de forma inmediata, incentivando la contratación de más personal.

Bajar las cargas sociales por sectores y niveles de educación sería un buen punto de partida. El presidente del Banco Central ya ha mencionado en reiteradas ocasiones la conveniencia de bajar las cargas sociales y también lo ha dicho la OCDE.

Segunda solución

La segunda medida es lanzar un vigoroso programa de educación técnica. Una institución como el INA posee infraestructura y recursos. Sin embargo, debido a la protección de intereses gremiales, no ha tenido mayor cambio estructural en las últimas décadas.

La nueva ley del INA permite contratar a terceros que tengan los programas educativos técnicos necesarios para garantizar un significativo porcentaje de empleabilidad.

Es factible pasar por la educación técnica a miles de costarricenses al año, que tendrían casi garantizada la contratación y la participación en esa otra Costa Rica. Es fácil determinar cuáles programas porque basta con alinear la oferta con la demanda.

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Cinde y el CPC lo tienen claro, el Banco Central lo tiene claro y también lo tienen claro los gremios que se opondrían. Frente a un problema tan serio, anteponer los intereses de un gremio contra el desempleo y la informalidad que aqueja a cientos de miles de costarricenses no parece una buena receta.

Este grupo de costarricenses no tienen voz ni voto en la Asamblea Legislativa para ejercer presión, como sí lo hacen los gremios y por eso los resultados no mejoran.

En este nuevo año, en que todos comenzamos con renovados objetivos, sugiero una meta país en este difícil problema. Bajar el desempleo a un solo dígito y la informalidad a la mitad en los próximos dos años. Es hora de poner fin a la indiferencia y dar soluciones a miles de costarricenses y extranjeros sin empleo.

El autor es abogado.