La calidad de la justicia

Por ejemplo: si la credibilidad pública depositada en toda institución guarda relación con la satisfacción de la demanda, esta se resiente por las altas cotas de retardo judicial y, en ocasiones, la opinable calidad de la justicia.

Otro asunto delicado es el impacto en los derechos fundamentales, como el estado de inocencia y el debido proceso, causado por el vaciamiento ilícito en los medios de opinión pública de información judicial reservada y protegida, obtenida por canales legítimos, pero extraordinarios y excepcionales.

Uno más, a fin de ilustrar la diversidad de temas inquietantes, es el grado de resistencia de los jueces y auxiliares a las presiones que puede causar la exposición pública de los procesos en la esfera de las prácticas y decisiones judiciales.

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En las condiciones actuales, ¿podemos confiar en una justicia oportuna, calificada, imparcial e independiente? ¿O declinan las virtudes liberales del sistema judicial que históricamente se predican como fundamento esencial de la vida en la comunidad democrática? En fin, ¿puede esperar cada uno, en cualquier caso, un juicio justo, pronunciado, como quiere la Constitución, en estricta conformidad con las leyes?

La independencia del Judicial está mitigada porque se le sustraen decisiones sustanciales que se reservan a la ley. El protagonismo legislativo tiene a cargo la creación y duración de los tribunales y la aprobación del presupuesto judicial; la provisión de las reglas procesales para la sustanciación de toda clase de causas; mucho del diseño de la propia Corte para la conducción del aparato judicial; la integración de las salas y el nombramiento de los miembros.

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Si la magnitud de los problemas es cuantiosa, la búsqueda de soluciones no es sencilla. No parece sensato diferirla ni entregarla a la coyuntura política, el aventurerismo o cálculo electoral; además, es improbable que surja del propio seno del Judicial. En cambio, puede ser tarea que convenga a una comisión legislativa mixta, en la que aquel tenga participación, que sin prisa pero sin pausa, alumbre con fundamento razonable y objetivo las reformas que han de advenir.

carguedasr@dpilegal.com

Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPIlegal.