Usar un vehículo institucional para realizar compras personales, ir al estadio, salir de paseo o darle aventón a una persona no autorizada solo se puede calificar de una forma: abuso.
Pero cuando las propias entidades públicas alcahuetean a quienes cometen excesos con los bienes que son propiedad del Estado, el asunto adquiere, además, la dimensión de relajo.
Una serie de reportajes del periodista Diego Bosque nos ofrecen un revelador acercamiento al descontrol que existe en cuanto al uso de los autos oficiales.
Del informe publicado por La Nación se desprende que en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) algunos jerarcas gozan de beneficios cuestionables en esta materia.
Un reglamento obsoleto, emitido hace casi 30 años, faculta a los gerentes de esa entidad para viajar todos los días en vehículos institucionales desde la oficina hasta sus casas, y viceversa.
Lo anterior dio pie a que Randall Álvarez, gerente médico de la CCSS, utilizara desde el 2021 un carro y un chofer de la institución para trasladarse de San José a Puntarenas.
¿Cuál fue el costo de esta cortesía? Solo en los últimos seis meses se pagaron ¢1,9 millones en combustible, ¢1,9 millones en viáticos y ¢2,7 millones en horas extras para el conductor.
Después de las revelaciones hechas por La Nación, la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, anunció que propondrá una reforma para eliminar el beneficio.
Mientras se concreta la medida, aseguró Esquivel, los gerentes aceptaron prescindir “de manera voluntaria” del uso de los vehículos para trasladarse a sus viviendas.
La reforma, si se concreta, sentará un valioso precedente para que otras oficinas, entidades autónomas, ministerios y empresas públicas revisen las reglas de uso de su flotilla.
En el pasado, unidades oficiales fueron vistas, fuera de horario laboral, en cantinas, moteles, casas de personas ajenas a la institución o incluso en playas.
¿Cuántos vehículos del Estado circularán por allí, tal vez sin rotulación ni distintivos, sujetos a los antojos y caprichos de funcionarios que se creen sus dueños?
El sector público debe amarrarse los pantalones para acabar con este festín. Ya es hora de que dejen de jugar a los carritos a costa de los contribuyentes.
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El autor es jefe de información de La Nación.