Con la aprobación legislativa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se da un paso fundamental hacia la estabilización de las finanzas públicas y, por ende, de la economía.
Con el acuerdo entrarán fondos en condiciones blandas, «amarrados» para ser utilizados en el pago de deuda cara, no para inflar el gasto. El convenio constituye también una especie de sello de garantía que manda la señal a los organismos internacionales e inversionistas, que prestan al gobierno, de que Costa Rica tiene un plan para pagar su deuda en el futuro.
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La aprobación, con 44 diputados a favor, también indica que en el país existe capacidad de negociación entre distintos partidos políticos, suficiente para tomar las decisiones requeridas con el fin de resolver problemas de larga data, debilidad que nos han criticado mucho las calificadoras de riesgo.
Sin embargo, como parte del acuerdo con el Fondo, falta la aprobación de la ley de empleo público, cuyo propósito es poner orden en el sistema de remuneraciones y, en consecuencia, una mayor eficiencia y eficacia de la función pública. También nos resta la aprobación de varios nuevos impuestos, entre los cuales destaca la reforma del impuesto sobre la renta global, que va en la dirección correcta, pues simplifica el sistema tributario. Los otros impuestos menores, no tanto.
Ciertamente, el resultado fiscal del primer semestre ayuda mucho a alcanzar la estabilidad. Si se mantiene el control del gasto y el ritmo de crecimiento de ingresos —gracias a la reforma fiscal del 2018 y a la factura digital—, será posible terminar el año con un superávit primario, algo que se esperaba hasta más adelante.
Sin embargo, eso podría jugar en contra de la aprobación de los proyectos que faltan. La sensación de que el problema fiscal ya está resuelto podría llevar a que los partidos, incluido el oficial, no quieran asumir el costo político que implica promover nuevos impuestos ni pelearse con los empleados públicos.
El destape del caso Cochinilla es otra excusa para oponerse a más tributos. Con tal desorden, ¿por qué darle más dinero al gobierno? A todo lo anterior debe agregarse que la ley de empleo público depende de lo que diga la Sala Constitucional.
En fin, falta camino para consolidar la estabilización de la economía costarricense. Por los aires políticos que soplan, temo que esa tarea quede para después de las elecciones.
El autor es economista.