La ocurrencia, los caprichos y, peor aún, la soberbia son malos consejeros a la hora de tomar decisiones trascendentales en la vida de una persona o de una nación. Por eso, como dice el refrán, siempre es de sabios escuchar el consejo de quienes contribuyen a dar una mejor respuesta en momentos cruciales.
Contrario a ello, la ministra de Salud, Joselyn Chacón, decidió prescindir de la valiosa asesoría que le brinda el Comité Técnico en Infecciones Respiratorias del Ministerio de Salud, ente creado en el 2009 y que desempeñó un destacado papel en la atención de la pandemia.
Con base en datos, estudios y el conocimiento acumulado en distintas disciplinas, el grupo aportó múltiples lineamientos para enfrentar la emergencia sanitaria. Posiblemente, no todas sus recomendaciones fueron acogidas en el pasado, pero sin duda enriquecieron la discusión y la visualización de posibles escenarios de acción.
Sin embargo, el Comité estuvo pintado en la pared durante los últimos ocho meses. La viróloga Eugenia Corrales denunció que la ministra nunca se reunió con ellos y que se enteró por la prensa de varias decisiones de la jerarca.
Así lo reveló la especialista a La Nación, luego de presentar su renuncia al equipo. “¿Para qué ser parte de un comité técnico si los que tienen que asesorarse no se dejan asesorar?”, cuestionó.
Sostuvo que la gestión de la jerarca se convirtió “en objeto de informes engañosos e incorrectos” para minimizar el impacto de la covid-19 y de otras enfermedades. “Creo que la ministra y el Ejecutivo lo que quieren en este momento es una tendencia más populista en vez de una más basada en evidencia”, aseveró.
Sus palabras nos recuerdan la fijación de la administración Chaves por traerse abajo la obligatoriedad de la vacuna anticovid-19 sin ningún sustento científico. También, la campaña de descrédito, ataques y amenazas impulsada por Zapote contra los miembros de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología.
La ministra respondió a la viróloga aduciendo que, además de las recomendaciones técnicas, hay que valorar aspectos económicos que repercuten en la salud pública.
Queda entonces la gran duda sobre cuáles criterios escucha la jerarca, pues, ahora más que nunca, resulta claro que la evidencia científica fue dejada de lado.
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El autor es jefe de información de La Nación.