Ottón Solís nunca defendió la estafa perpetrada en el 2010 para cobrar deuda política mediante contrataciones fingidas. Tampoco ocultó su parecer sobre la donación del dinero pagado a los militantes por sus servicios. La diferencia entre la posición de Solís y los hechos cuestionados está clara. Si los servicios son necesarios y el pago justo, nada le impide a un militante entregar los fondos al partido a título de donación.
Los jueces penales lo explicaron con meridiana claridad: “Lleva razón el testigo Ottón Solís Fallas cuando indica que no hay nada de malo en que las personas donen al partido el fruto de su trabajo, pero ese no es el caso que nos ocupa porque, de parte de los simpatizantes del PAC, nunca hubo la intención de cobrar (…) y de parte del partido nunca existió la intención de contratarlos”. Entre las dos hipótesis hay una gran distancia y Solís defendió públicamente su posición, ahora avalada por los jueces, incluso antes de estallar el escándalo.
Por otra parte, el contrato firmado en el 2010 entre el presidente, Carlos Alvarado, y el PAC no está entre los documentos cuestionados. El Tribunal Supremo de Elecciones validó los pagos con base en la documentación aportada y la jurisprudencia existente desde 1998. Examinadas las pruebas de la relación contractual y de las erogaciones, dio el visto bueno al reembolso.
En la otra acera, el presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, enfrenta cuestionamientos igualmente injustos. Legisló en beneficio propio, dicen sus críticos, porque la amnistía tributaria contenida en el plan fiscal aprobado con su voto y esfuerzo le eximió de pagar ¢226.000. En el monto está el primer motivo para sospechar de la denuncia. ¿Quién en su sano juicio invertiría meses de negociaciones y mucho capital político para dejar de pagar una suma tan modesta?
Amén de su salario de legislador, Benavides es abogado y desarrolla otras actividades económicas. Probablemente los impuestos contemplados en el mismo proyecto de ley le cuesten, en un solo mes, el equivalente al beneficio recibido. Luego, seguirá pagando los tributos creados con su voto y esfuerzo por el resto de sus días. A fin de cuentas, Benavides legisló en perjuicio propio, como lo hicieron los demás diputados para evitar al país un daño de difícil reparación.
Los tres casos y alguno más hicieron zumbar la Internet y las redes sociales en el breve lapso de una semana. Es hora de hacer un alto y meditar sobre las consecuencias de seguir envenenando la política de esta manera.
agonzalez@nacion.com
Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.
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