Según conocemos detalles de la condonación de ¢6.200 millones en deudas del Sistema de Banca para el Desarrollo (SDB) se van aclarando las razones de sus promotores para ocultar al país datos sobre los beneficiarios y el monto de sus obligaciones.
Para comenzar, la información lograda hasta ahora por La Nación demuestra la falsa premisa utilizada para tan cuantiosa repartición de fondos públicos. La pandemia, invocada para justificar el perdón de las deudas, no las causó. Una fundación dedicada a financiar cultivos de piña en San Carlos para luego exportar arrastraba problemas mucho antes del primer caso de covid-19 detectado en Wuhan.
El mismo caso de la fundación pone en duda otra premisa, muy socorrida en este tipo de iniciativas, y es el rescate de pequeños productores con deudas modestas a las cuales no pueden hacer frente por capricho de la naturaleza o el destino. Al estampar su firma en el proyecto, el presidente, Carlos Alvarado, le perdona a la fundación ¢900 millones. Solita se llevará el 15 % de la condonación y no hay garantía de que el alivio sea trasladado a los productores.
Las periódicas condonaciones de deudas se han convertido en un modus operandi y un mecanismo habitual del clientelismo político. La fundación alega, por suprema ironía, que algunos productores dejaron de pagar sus deudas porque los políticos se acercaron a la zona para prometerles saldar las deudas con proyectos de ley como el recientemente aprobado por 39 legisladores.
Uno de los beneficiarios, dirigente del Partido Acción Ciudadana en Los Chiles, procuró, en el 2017, la aprobación legislativa de una condonación de las deudas contraídas con el Fideicomiso para la Protección y el Fomento Agropecuario para Pequeños y Medianos Productores (Fidagro). Aquel proyecto sirvió de base para el texto actual, que cobija a los deudores de Fidagro y otros programas. En el 2017, nadie vislumbraba una pandemia
El productor, dirigente y beneficiario de la condonación de deudas con el SBD es hermano de la exdiputada del PAC Nidia González Morera (2006-2007), que renunció a su curul en medio de la polémica desatada por su patrocinio de un proyecto de ley que la habría favorecido como productora de arroz.
Hay razones para preguntar ¿hasta cuándo? Al presidente le tocará responder, al sancionar el proyecto sin saber a quiénes beneficia y en qué monto, por las liebres que salten del profundo sombrero.
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